Redacción

Distrito Federal. 21 de enero de 2015.- En medio de la polémica desatada por la compra de su casa de descanso en Ixtapan de la Sal desde 2005, por parte de Enrique Peña Nieto a Roberto San Román Widerkehr, quien después se convertiría en un prolífico proveedor del gobierno del Estado de México durante el sexenio del priísta, este miércoles el presidente de México encabezó un evento público denominado “Medidas de Impulso a la Vivienda”, en el cual evadió cualquier alusión al presunto conflicto de interés que enfrenta él, su familia y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso por su riqueza inmobiliaria.

Peña Nieto. El conflicto de interés. Foto Especial.
Peña Nieto. El conflicto de interés. Foto Especial.

Peña Nieto confirmó el anuncio realizado el pasado 4 de enero, donde comprometió “una serie de medidas para acelerar la construcción de viviendas dignas, y que más mexicanos puedan tener su propio su hogar”.

En su intervención, el originario de Atlacomulco enfatizó: “Esto es muy importante, porque para una familia, una casa, o un departamento es mucho más que una construcción, es un espacio de tranquilidad, de desarrollo y de armonía”.

Enumeró los beneficios que conlleva el impulso a la industria de la construcción, que tan sólo el año pasado “generó más de 135 mil 800 empleos formales… esto es, más de cinco veces los generados en 2013, que fue, entonces, de 25 mil 400”.

A través de las “Medidas de Impulso a la Vivienda”, Peña Nieto anticipó que se pretende detonar una inversión cercana a los 370 mil millones de pesos, en la construcción de 500 mil viviendas, y en la ejecución de un millón de acciones, lo que impactará positivamente a más de seis millones de mexicanos.

Reiteró la disposición del Gobierno de la República “para que se construya más vivienda, y las familias mexicanas, especialmente las de menores ingresos, puedan contar con una vivienda digna”.

“Contar con un hogar propio es una de las mayores aspiraciones de cualquier persona, alcanzarla es uno de los logros que da más alegría y satisfacción”, subrayó.

La tarde del pasado martes, The Wall Street Journal difundió que en 2005, Peña Nieto compró una vivienda a Roberto San Román, en el fraccionamiento Gran Reserva en Ixtapan de la Sal, pero que durante su sexenio el empresario inmobiliario recibió varios contratos del gobierno mexiquense, por un monto superior a los 107  millones de dólares, lo que significaría un nuevo conflicto de interés.

En tanto, la madrugada de este miércoles, la Presidencia de la República informó mediante un comunicado de prensa, que la casa del presidente Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, fue adquirida legalmente.

Respecto de la nota publicada por The Wall Street Journal, precisó que la propiedad aparece en las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto, tanto como gobernador del Estado de México, como en su calidad de presidente. Incluso resalta que el mandatario “la ha utilizado en forma pública y notoria”.

“Las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal. La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos. Al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, argumentó la oficina presidencial para salir al paso de la nueva acusación.

Mientras que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las bancadas del PAN impulsan se nombre un Fiscal Especial, el cual sería asignado a la Procuraduría General de la República, para que investigue el patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y de personal de la Presidencia de la República, por la sospecha de haber incurrido en conflicto de interés.

En voz del senador panista, Javier Lozano Alarcón se pretende incluir un Punto de Acuerdo a consideración de la Comisión Permanente para exhortar a la Procuraduría General de la República en la designación de un Fiscal Especial que se encargue de este asunto que ha marcado los últimos tres meses de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un Fiscal Especial, que cuente con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la Presidencia de la República, ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de interés”, puntualiza el Punto de Acuerdo correspondiente.

A la vivienda de Ixtapan de la Sal y la relación entre Peña Nieto y San Román, se extienden sus vínculos con Juan Armando Hinojosa, quien construyó y vendió la llamada casa blanca a la esposa del presidente en 2011. Y también vendió una casa de descanso en Malinalco, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Hinojosa es ahora uno de los contratistas de obra pública más favorecidos con Peña Nieto, en sus tiempos como gobernador en el Estado de México, y ahora como presidente de México, desde el gobierno federal.

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