Israel Dávila
Almoloya de Juárez, Edomex. 29 de enero del 2019.- La falta de un intérprete de la lengua náhuatl ha impedido la celebración de una audiencia judicial en la que se definirá el futuro de los seis indígenas de San Pedro Tlanixco, que están encarcelados desde hace quince años y medio por la muerte de un empresario floricultor de origen español.
En esa diligencia, el juez primero en materia penal de Toluca con sede en el penal de Santiaguito, en este municipio, cumpliría la resolución de un magistrado del Poder Judicial mexiquense, que hace 12 días resolvió la reposición del proceso desde su inicio.
Pero también en esa audiencia, el ministerio público de la Fiscalía General de Justicia podría desistirse de la acción penal en contra de los pobladores de Tlanixco para atender el exhorto que hizo el viernes pasado el Congreso del Estado de México.
El Poder Judicial mexiquense lleva días consiguiendo un intérprete en náhuatl, pero a la fecha no lo ha encontrado, lo que ha retrasado la celebración de la audiencia.
El abogado de los presos, Antonio Lara, consideró que esto representa una nueva violación a las garantías de sus representados y dijo que el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a sus clientes, la asistencia de un intérprete náhuatl y no un traductor, lo antes posible.
El pasado 17 de enero, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense resolvió dejar sin efecto la sentencia de 50 años de prisión en contra de tres de los seis indígenas al comprobar que hubo irregularidades en el juicio que se les instruyó durante once años; además de que no existen elementos de prueba contundentes que sustenten una condena de esta magnitud, aunado a que durante el proceso los indígenas no contaron con la asistencia de un intérprete de su lengua originaria.
A los indígenas de San Pedro Tlanixco se les acusa de la muerte del empresario español Alejandro Isaak Basso, que representaba a un colectivo de floricultores del municipio aledaño de Villa Guerrero. Durante un par de años, los floricultores encabezados por Basso mantuvieron una disputa por el aprovechamiento del agua del río Texcaltengo con los pobladores de Tlanixco y el 1 de abril del 2003, Basso murió cuando se dirigía a la localidad de los indígenas a reclamar por qué el agua llegaba jabonosa.
A decir de los pobladores de Tlanixco, el empresario resbaló en una vereda y cayó en una barranca de más de 40 metros y falleció, pero la entonces Procuraduría de Justicia culpó a los indígenas que formaban parte del comité de agua de la localidad, con base en imputaciones genéricas que hicieron los socios de Basso.
En 2003, la policía ministerial capturó, con lujo de violencia, a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias, quienes integraban el comité de agua de Tlanixco y en 2006 los tres fueron sentenciados a más de 50 años de prisión sin que hubiera elementos para ello. En ese mismo año, también se detuvo a Dominga González, a Lorenzo Sánchez y a Marco Antonio Pérez, también del comité de agua y tras 11 años de estar encarcelados, en noviembre del 2017 recibieron sentencia de más de 50 años de prisión, condena que el pasado de 17 enero fue anulada por un magistrado.
La oficina de derechos humanos de la ONU y al menos una decena de organizaciones internacionales de derechos humanos también se han pronunciado abiertamente por la liberación inmediata de los indígenas por las violaciones al debido proceso y por no existir elementos para sostener que son responsables del homicidio.
Este martes, pobladores de Tlanixco encabezados por familiares de los detenidos realizaron, por segundo día consecutivo, movilizaciones para exigir la liberación de Pedro, Teófilo, Rómulo, Lorenzo, Marco Antonio y Dominga.
