Juan Carlos Núñez Armas
Hoy les propongo revisar dos términos que flotan en el aire del escenario público: ética y eficiencia. Por un lado, la ética es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar los actos humanos. La voluntad y la libertad de cada ser humano están relacionadas con la ética. Llevada al campo de la administración pública implica que cada servidor público debe realizar sus actos por medio de su voluntad, pero observando siempre la establecido en cada norma.
Por otra parte, la eficiencia hace referencia a los recursos empleados para obtener un resultado. Llevada a la administración pública implica que cada dependencia tiene un propósito y debe alcanzar sus metas u objetivos con los recursos disponibles: humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de conocimientos, etc. Siempre con las limitaciones que impone el ejercicio presupuestal. Ahora, existen en todo caso situaciones complejas y, por lo mismo, muy cuestionadas.
Por citar algunos ejemplos el documento publicado por el INEGI, en mayo de 2020, llamado Encuesta Nacional Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, revisa la prestación de los servicios públicos. Entre los datos que destacan está que tan sólo el 26% de los ciudadanos se sienten satisfechos con el servicio de policía, el 25% con el servicio del Estado en la conservación en calles y avenidas, así como, 43% satisfechos con los servicios del IMSS. En general los ciudadanos se sienten satisfechos de los servicios básicos tan sólo en el 40.2%.
Si buscamos entre los datos específicos para el Estado de México encontramos que el 91.5% de los mexiquenses encuestados tenemos la percepción de que la corrupción sigue prevaleciendo. Ese dato nos coloca en el primer lugar de todo el país y, más específicamente, en el aspecto en el que más se percibe la corrupción es el contacto con autoridades de seguridad pública, manifestado por el 59.2% de los encuestados.
Por otra parte, la confianza que dicen tener los ciudadanos con respecto a las instituciones es el Gobierno del Estado de México coloca a la entidad en el segundo lugar de menor confianza, con un 32.2% superado sólo por Puebla con el 31.6%. Respecto a los gobiernos municipales mexiquenses, destaca que la confianza en los del Valle de México es de 36.7% y del Valle de Toluca los encuestados dicen confiar en 35.7%.
Esto implica dos hechos relevantes respecto al tema que nos ocupa. Por un lado, la deficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos y, por otro lado, la poca confianza que tienen en las instituciones responsables de otorgar los servicios básicos. Aquí entonces, entre las instituciones y los ciudadanos están los servidores públicos, son ellos los intermediarios que deben responder de cara a los ciudadanos y por las instituciones.
Si la percepción de la corrupción-impunidad sigue prevaleciendo entre los ciudadanos y se sienten insatisfechos de los servicios públicos que reciben cabe preguntarnos ¿qué está fallando? Si se han generado ciertos cambios en los procesos de adquisiciones y contrataciones de los gobiernos federal, estatal y en muchos de los municipales, tendríamos que voltear a ver tanto a los servidores públicos como a las instituciones cuya tarea es velar para que el empleo de los recursos se haga de manera honesta, trasparente y eficiente según lo establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7.
Los servidores públicos deben entender que sirven a personas, que su actuación representa instituciones y que, precisamente por eso, deben cambiar sus acciones que generan corrupción-impunidad e ineficiencia para hacer valer los principios éticos y cumplir los planes, objetivos y metas con toda honestidad, transparencia y eficiencia. Porque las instituciones, como el Sistema Anticorrupción, debe empezar por formar comités de ética que en cada dependencia verifiquen y evalúen el cumplimiento de valores.
Las instituciones responsables de sancionar a los malos servidores públicos que abusan de su poder, que trafican con influencias y simulan licitaciones, para asignar discrecionalmente obras y/ servicios, deben actuar con los mejores valores éticos, asumir sus responsabilidades y denunciar a quienes no observen esos principios. También me pregunto ¿los funcionarios públicos son capaces de incumplir órdenes ilegales que dicte algún político?, porque este desacato le puede costar su empleo o su estabilidad laboral tan endeble que resulta en muchos de los casos.
Es muy frecuente la carencia de valores éticos entre los servidores públicos, es evidente para muchos ciudadanos. Incluso se podría hablar de un “modelo de negocio exitoso” que ha lucrado durante muchos años con los recursos públicos. Según se muestra en los videos expuestos recientemente, donde se evidencia la impunidad, la complicidad con las peores prácticas y la nula responsabilidad sobre decisiones y acciones tomadas.
Sin duda la falta de ética hace que prevalezca la corrupción-impunidad en servidores públicos. Hemos visto en los últimos años que el servicio público ha resultado la forma más eficaz para que algunas empresas asociadas con funcionarios gubernamentales hayan conseguido crecimiento y rentabilidad. No dudo que muchas de ellas se vieron obligadas a “cooperar con la causa” a fin de seguir subsistiendo. Su éxito ha dependido de la especulación, la compra de voluntades y las prácticas delictivas a partir del criterio del “Buen Gobierno” y el esquema de responsabilidades prevaleciente hasta hoy.
Es tarea de todos, en este sentido, entender que lo importante son las personas, nuestros semejantes, el medio en el que nos desarrollamos y nuestras necesidades. Empezar a valorar los principios éticos de respeto a la persona y la familia es un deber impostergable. Aprovechemos el momento de crisis, y el cambio que tiene la geopolítica, para impulsar este incipiente pero creciente tema de discusión pública en el que tienen cabida la fidelidad y sensibilidad de los principios y valores éticos y que estos se reflejen en mejores decisiones de eficiencia que contribuyan a generar un mejor país.
Cuando hagamos realidad que los servidores públicos entiendan la ética de la eficiencia podremos, dar un paso adelante en abatir el rezago histórico de falta de servicios. Caminaremos en utilizar eficientemente los recursos y alcanzaremos metas con mayor eficacia, ahorrando recursos de los contribuyentes. En suma, se trata de recuperar la confianza en las instituciones, empezando por revisar los valores éticos que cada servidor público tiene.
Abramos la posibilidad de ciudadanizar verdaderamente los procesos de contratación, asignación en los concursos de obras, bienes o servicios. Atrevámonos a permitir que, con honestidad y transparencia, cualquier ciudadano pueda intervenir en el proceso de compras públicas y que sean ellos los que evalúen la calidad de lo recibido. Cambiemos para abatir la perfección de corrupción-impunidad y empezaremos a tener mejores servidores públicos que con un comportamiento ético recuperen la confianza en las instituciones. Esa es la meta: entender la necesidad de la ética de la eficiencia.
