Redacción
Toluca, Edomex. 12 de abril del 2015.- El compromiso que asumió el gobernador Eruviel Ávila Villegas y su gabinete el viernes pasado ante los diputados locales de respetar la ley y aplicar los recursos públicos sin favorecer a candidatos o partido alguno, no fue suficiente para el PRD quien solicitó directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenar la abrogación del decreto 422 de la legislatura mexiquense, mediante el cual se autoriza al gobierno estatal a seguir operando 49 programas sociales aún en la temporada de campañas electorales.
La solicitud del PRD se da luego de que el IEEM se declarara incompetente para ordenar la detención en la entrega de apoyos sociales durante el proceso comicial.
Para el partido del sol azteca, el decreto 422 no se ajusta a lo que establece el artículo 61 del Código Electoral que señala que sólo deberán permanecer en operación durante el proceso comicial, aquellos programas sociales que sean prioritarios para la población, o bien, se tengan que otorgar por casos de extrema urgencia como desastres naturales, enfermedades o siniestros, entre otros.
Javier Rivera Escalona, representante del PRD ante el órgano electoral, manifestó que varios de los 49 programas que decidió la legislatura mantener en operación no son prioritarios para la población ni mucho menos cumplen con el supuesto de la extrema urgencia, y sí, muchos de ellos, pueden ser utilizados, por su naturaleza, como un mecanismo de coacción del voto para favorecer a algún candidato o partido.
En su escrito, el PRD justifica el recurrir directamente a la Sala Superior del TEPJF, pues la cercanía del inicio de las campañas con la operación de estos programas podría en riesgo la equidad en la contienda, y en caso de haber seguido el camino procesal normal, de acudir primero al tribunal estatal y luego a la sala regional, supondría dejar correr varios días y semanas para obtener una resolución final.
La impugnación que promovió el PRD se dio casi de manera simultánea al discurso que ofreció el gobernador en el Congreso del estado el viernes pasado, donde prometió que tanto él, como sus colaboradores, habrán de respetar de manera estricta la ley durante el proceso electoral en desarrollo y prometió aplicar con imparcialidad los recursos públicos para garantizar la equidad en estos comicios.
«Aquí, ante mi gabinete en pleno aquí presente, reitero mi instrucción clara y precisa: aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos; administrar los programas sociales con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, garantizar que los programas que otorguen subsidios se sujeten a las reglas de operación previamente aprobadas y publicadas, también habremos de cumplir y hacer cumplir el decreto de esta Legislatura de este año en el que se enlistan los programas sociales que el gobierno del estado de México no podrá suspender durante este proceso electoral, toda vez que el hacerlo podría generar afectación a la población”, dijo el mandatario.
Para el PRD, las palabras del gobernador no son garantía de ningún tipo, pues si existía en verdadero compromiso de no intervención, no se opondrían a suspender la operación de alguno de estos programas.
