Redacción
Toluca, Edomex; 22 de marzo de 2025.– Ante el grave problema que enfrenta la población por la escasez de agua, la LXII Legislatura mexiquense estudia iniciativas e impulsa foros, con la participación de especialistas, para modernizar la legislación en la materia que permita la protección, conservación y gestión de este recurso, con la finalidad de garantizar su acceso como un derecho humano establecido en las cartas magnas estatal y federal.
En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo, la legisladora Zaira Cedillo Silva (morena) expuso en el Pleno legislativo que hasta el 40 por ciento del suministro mexiquense es robado por ductos ilegales, por lo cual propuso calificar el robo de agua potable como un delito grave y se acredite como daño a la nación, con penas de hasta 30 años de prisión y multas de 2.8 millones de pesos.
La parlamentaria refirió que, según cifras de la Comisión del Agua estatal, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia de la entidad recibió 37 denuncias por robo de agua, de las cuales, ninguna investigación fue judicializada, debido a que el delito permite enfrentar este proceso en libertad y resolver el asunto mediante acuerdos reparatorios.
También de la bancada de morena, la legisladora María José Pérez Domínguez planteó dotar a los ayuntamientos de mayores atribuciones para una mejor gestión hídrica, con una iniciativa, dirigida al Congreso de la Unión, para establecer en la Constitución federal la posibilidad de que los municipios centralicen u organicen la administración pública municipal en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Esta iniciativa busca garantizar el desarrollo municipal y satisfacer las necesidades de sus habitantes en el otorgamiento de servicios públicos que contribuyan a su desarrollo social, humano y económico.
Considerando esta situación, en la que la población se ha visto afectada por el escaso suministro, la diputada Miriam Silva Mata, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local, promovió exentar del pago de derechos por el suministro de agua a las personas de grupos vulnerables, cuando no reciban el servicio por más de seis meses consecutivos, mediante red o en cisterna pipa (tandeo), por parte de los municipios o de los organismos operadores de agua de que se trate.
Al compartir que la ciudadanía llega a pagar hasta 30 mil pesos anuales en la contratación de pipas, la parlamentaria indicó que, para acceder al beneficio planteado, los municipios publicarán, de manera mensual o bimestral, el registro de las colonias que no tuvieron acceso al suministro de agua, ni a ningún otro servicio referido anteriormente.
