Toluca, Edomex, 21 de agosto de 2026.— Música en vivo, danza, emprendimiento y actividades culturales integrarán el Juven Fest, encuentro que se realizará este sábado 22 de agosto en la Alameda Central de Toluca, a partir de las 10:00 horas.

La jornada, impulsada por el gobierno municipal de Toluca, busca ofrecer a las nuevas generaciones un espacio de convivencia, recreación y encuentro, además de promover la apropiación de los espacios públicos y reconocer el talento artístico local.

Durante el festival se presentarán Son Calavera, Mística Lounge Full Band, Dama Juana, Xavi Tellitud, Desireé Medina y Josué Lastar, con una programación que incluirá distintos géneros musicales, entre ellos rock, pop, country y DJ.

La oferta artística también contempla la participación del Ballet Folclórico Huehecoyotl y la Academia de Danza Quetzal, que llevarán al escenario una muestra de expresiones vinculadas con la identidad cultural de Toluca.

Además de la música y la danza, el Juven Fest contará con una zona de emprendedores, con el propósito de generar un espacio de encuentro para proyectos y propuestas dirigidas al público joven.

El acceso al evento tendrá un componente social y ambiental: los asistentes deberán realizar una donación de taparroscas de plástico, que permitirá contribuir a una causa social al tiempo que se fomenta la cultura del reciclaje.

El gobierno municipal invitó a las y los jóvenes de Toluca a acudir con sus amigos y disfrutar de una jornada de música, baile y convivencia en uno de los espacios públicos más representativos de la capital mexiquense.

No existe un solo motivo para pensar que la Secretaría de la Contraloría tendrá las capacidades legales, técnicas e institucionales para resolver satisfactoriamente la asunción de funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México, que recientemente le han sido delegas, tras la desaparición formal del instituto estatal de transparencia.

En su antecedente histórico, con el régimen priísta, la Secretaría de la Contraloría se consolidó como un aparato burocrático -una posición más en el reparto de posiciones del gabinete- capaz de legitimar a un sistema político estigmatizado por la corrupción, el abuso de poder, los excesos en el ejercicio del presupuesto y una imposibilidad para combatir la impunidad.

Desde la Secretaría de la Contraloría, no hay antecedente relevante en los sexenios recientes del ejercicio del poder político, que nos permita identificar una acción contundente frente a altos mandos por un acto de corrupción.

Por el contrario, la terca memoria, sólo nos trae muy malos recuerdos, como el caso de Eduardo Segovia, aquel secretario de la Contraloría que sólo duró meses en su despacho durante el recién inaugurado sexenio peñista, obligado a legitimar la evolución patrimonial del exgobernador Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento ilícito, entre octubre de 2005 y febrero de 2006.

Durante el sexenio de Eruviel Ávila, abundaron los casos de corrupción, pero no hubo castigo para los expedientes que marcaron la administración del ecatepense, donde hubo hospitales inconclusos que debieron ejercerse por César Gómez Monge, conflictos de interés con OHL por parte de Apolinar Mena, un enriquecimiento inexplicable de su círculo más cercano. Y cada expediente, sólo fue archivado en la Secretaría de la Contraloría.

El gobierno delfinista, alcanzó el triunfo electoral en junio de 2023, acompañado de una promesa electoral de alternancia que se propuso en el horizonte combatir la corrupción. A la distancia, no existe un solo expediente abierto -surgido desde las revisiones administrativas o por investigaciones emprendidas por la Contraloría- que hayan sido referente institucional para el sexenio en curso.

A tres años de distancia, la gestión delmacista puede asumir que entregaron las cuentas en orden. No hubo -ni habrá- acusaciones relacionadas con un uso irregular de los recursos públicos, no hubo -ni habrá- observaciones por la riqueza patrimonial del gabinete anterior, no hubo -ni habrá- sanciones administrativas o denuncias penales por el abuso del poder público.

Los casos que hoy trastocan las estructuras del gobierno, tienen que ver con denuncias penales por actos de corrupción cometidos en el actual sexenio, aun cuando en algunos expedientes se haya encarcelado a funcionarios del pasado. No se trata, en esencia, resultado del trabajo desarrollado por la Contraloría encargada de auditar, revisar y sancionar administrativamente.

Actualmente, la Secretaría de la Contraloría podría desaparecer -así como eliminaron al Instituto de Transparencia- y pocos notarían su ausencia, salvo porque quedaría una silla vacía en las reuniones del gabinete estatal.

Por la poca funcionalidad de la dependencia, y la tendencia de todos los gobiernos y su clase gobernante que apuestan de manera permanente a la opacidad en el ejercicio de sus funciones y de los recursos públicos, es que se puede asumir que no existe voluntad política para que la transparencia sea prioridad en la rendición de cuentas del gobierno en curso.

Ni siquiera se encuentra garantizado que puedan existir ahorros presupuestales con la desaparición del Infoem, porque la austeridad republicana sólo resuena como un discurso, que se ha desmentido cuando se revelan contratos irregulares, con sobreprecio y otras tantas irregularidades administrativas, que aun cuando quedaban sin castigo, hasta hoy, podíamos conocer por temas de acceso a la información pública.

Y esa transparencia, es la que hoy, se encuentra en riesgo.

La tenebra

El trabajo de Hilda Salazar ha sido tan discreto -por decirlo de manera suave- que parece que mes a mes su salario se traduce en una beca del bienestar.

Ahora tocó el turno a Agustín Herrera Pérez, director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM). La noche de este jueves, informó en redes sociales, que la convocatoria para el programa Manos Mágicas quedó cancelada; será pospuesta hasta nuevo aviso. El anuncio generó molestia, sospechas, dudas, indignación, frustración, enojo. Y todavía tuvo al arrojo para hacer una trasmisión en vivo, donde causó mayor revuelo entre artesanos, por una actitud carente de empatía.

El motivo oficial es que, ninguno de los inscritos cumplió con los requisitos marcados en la convocatoria. La razón real apunta a que, el programa está destinado a beneficiar a 5 mil artesanos con registro en la entidad. Sin embargo, en el proceso de inscripción sumaron 7 mil personas, porque hubo quien aprovechó el desorden administrativo y se registró hasta dos veces.

El Instituto de las Artesanías prefirió cancelar la convocatoria, antes que hacer una revisión exhaustiva y corregir sus errores. El colmo: el registro ocurrió entre el 6 y el 8 de julio. Los apoyos económicos se habían prometido para el 31 de julio. Y apenas ayer, 20 de agosto, se difundió la cancelación de la convocatoria.

Existe otro dato clave: el apoyo económico para los artesanos ascenderá este año a 3 mil 600 pesos, una cifra menor a los 6 mil pesos que se otorgaron en 2025. En total se repartirán 18 millones de pesos. Sin embargo, no hay fecha para la entrega de este incentivo económico.

Primero, habrá que esperar se publique una nueva convocatoria. Segundo, que los artesanos otra vez reúnan sus documentos y se puedan registrar. Tercero, que el comité técnico dictamine a los artesanos que recibirán el apoyo económico. Y mientras eso sucede, que los beneficiarios esperen sentados. Sobra decir que ese apoyo, sirve en muchos casos, para comprar insumos para la elaboración de sus artesanías.

Y si alguien quiere ver más arriba en el ámbito de responsabilidad de esta impericia, ahí se encuentra la oficina de la Secretaría de Cultura y Turismo, a cargo de Nelly Carrasco. Una dependencia que ha estado en medio de la discusión pública y del escándalo mediático.  

Redacción

Toluca, Edomex. 20 de agosto del 2026.- Juezas, jueces y personal del Poder Judicial del Estado de México serán capacitados y certificados por el Colegio de Notarios del Estado de México como parte de un convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.

El documento fue suscrito por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Víctor Humberto Benítez González, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios.

Sus objetivos son: Implementar programas de capacitación y certificación de competencias laborales; promover protocolos de actuación y buenas prácticas de debida diligencia para cumplir con las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero y la corrupción, y compartir las buenas prácticas de la Entidad de Certificación y Evaluación del Colegio de Notarios, con miras a que la Escuela Judicial pueda obtener esta categoría.

Durante el acto, el presidente del Tribunal Superior explicó que la primera etapa contempla la participación de 55 servidores judiciales, quienes serán capacitados y certificados en: Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares; Atención al ciudadano en el sector público, y Desarrollo de procesos notariales relacionados con actividades vulnerables.

Macedo García señaló que esta capacitación busca fortalecer las competencias del personal judicial, y que este convenio debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

“Compartimos una misma responsabilidad, dar seguridad y certeza jurídica a los y a las mexiquenses. (…) Si compartimos experiencia y trabajamos con objetivos claros, estoy seguro que llevaremos un mejor servicio a la ciudadanía”, indicó.

Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, destacó que la colaboración permitirá sumar capacidades para prevenir el lavado de dinero y combatir la corrupción. Señaló que estas acciones buscan reducir riesgos y proteger la integridad institucional.

Por su parte, Víctor Humberto Benítez González destacó que la prevención requiere conocer a las personas usuarias reales, identificar a las y los beneficiarios de los actos y operaciones, documentarlos y detectar señales de alerta. Añadió que este trabajo debe apoyarse en la evidencia verificable.

Al acto asistieron Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico de Presidencia, Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial.

Así como las notarias Hilda Leticia Paniagua Hernández, Directora de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias; Aída Aíxa Chávez Magallanes y Luz María Angélica Alatorre Carbajal. También estuvieron presentes los notarios Martín Bernardo Rodríguez Hernández, Director del Instituto de Estudios Notariales; Mauricio Trejo Navarro y Gabriel Luis Ezeta Morales, integrantes de la Comisión Temporal de Vigilancia, Control, Verificación y Seguimiento; Juan Carlos Ortega Reyes, Secretario; Alfonso Flores Macedo, Tesorero; Jaime Vázquez Castillo, Vicepresidente de la Zona Valle de México; Andrés Carlos Viesca Urquiaga, Consejero; Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, Director del Centro de Mediación y Conciliación, y Javier García Valencia, Abogado e instructor del Programa de Capacitación del Colegio de Notarios del Estado de México.

Toluca, Edomex; 20 de agosto de 2026.- La dirigencia del PRI en el Estado de México exigió al gobierno municipal de Valle de Chalco aclarar el destino de 966 millones de pesos correspondientes a recursos federales ejercidos durante 2024 y que, de acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), carecen de documentación comprobatoria y justificativa.

La presidenta estatal del tricolor, Cristina Ruiz Sandoval, sostuvo que ni el alcalde de Valle de Chalco, Alán Velasco, ni el tesorero municipal o el Cabildo han solventado las observaciones relacionadas con estos recursos.

Durante una conferencia de medios, la priista señaló que los recursos corresponden principalmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), destinado a obras para reducir el rezago social, así como al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), cuyos recursos pueden destinarse, entre otros rubros, a seguridad pública y prevención del delito.

Ruiz Sandoval cuestionó que, pese al monto observado, persistan problemas de infraestructura, inseguridad y servicios públicos en el municipio, donde, afirmó, más de 278 mil personas enfrentan algún grado de marginación.

De acuerdo con las cifras citadas por la dirigente priista, 66 por ciento de la población se encuentra en condición de pobreza y alrededor de 54 mil personas viven en pobreza extrema.

La dirigente priista también presentó resultados de una revisión realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que habría fiscalizado 471 millones de pesos del municipio y detectado 23 observaciones, de las cuales 14 corresponderían a presuntas conductas contempladas en el Sistema Anticorrupción estatal.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran pagos con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) para obras inconclusas, no ejecutadas o sin entregar, así como adjudicaciones directas de trabajos que debieron realizarse mediante procesos de licitación.

Otro de los señalamientos corresponde a la nómina municipal. Ruiz Sandoval afirmó que fueron detectadas 514 plazas pagadas que no estaban autorizadas o que excedían el tabulador salarial, de las cuales 295 correspondían a 36 categorías que no estaban contempladas en dicho documento.

La dirigente estatal del PRI también cuestionó el número y costo de los asesores contratados por el Ayuntamiento de Valle de Chalco.

Afirmó que actualmente existen 255 asesores, cuyo costo anual asciende a 63 millones 579 mil 465 pesos. Como referencia, señaló que en 2022 el municipio contaba con 55 asesores, con un costo aproximado de 10 millones de pesos.

También criticó el gasto destinado al Cabildo, que, según sus cifras, representa 14 millones 879 mil pesos anuales entre las percepciones del presidente municipal, síndico, nueve regidores y secretario del Ayuntamiento.

De ese monto, sostuvo, alrededor de 1.5 millones de pesos corresponden al alcalde, mientras que el promedio de los integrantes del Cabildo ronda 1.2 millones de pesos anuales.

A este escenario se suman, dijo, 725 juicios laborales contabilizados en 2024, de los cuales 60 se encontraban en etapa de ejecución. Tan sólo durante un año, agregó, el Ayuntamiento habría destinado 16 millones de pesos al pago de estos procesos.

Naucalpan, Edomex,. 20 de agosto del 2026.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México dio a conocer que la empresa multinacional Procter & Gamble (P&G) ampliará las operaciones de su planta ubicada en Naucalpan, con una inversión de 140 millones de dólares, lo que refrenda la confianza de estos sectores en la entidad.

De este monto, 100 millones de dólares corresponden al proyecto “Agave”, que consta de un nuevo edificio para ampliar la capacidad de producción de los medicamentos Sedalmerck y Dolo-Neurobión, así como instalar un laboratorio de pruebas analíticas para sus productos. Este proyecto concluirá a finales de 2026.

Otros 40 millones de dólares se destinarán al proyecto “Evolution”, que incluye un almacén y una nueva línea de producción de Pepto-Bismol. El inicio de su construcción está previsto para principios de 2027.

Durante el anuncio, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que, además de atraer inversiones de nuevas empresas, una tarea fundamental de la administración estatal es ofrecer condiciones para que las compañías que ya confían en el Estado de México puedan crecer.

Precisó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha instruido a la dependencia respaldar al sector empresarial y brindar acompañamiento a los proyectos de inversión desde el inicio hasta su conclusión.

“Es importante que se sepa que no se frena en dinamismo económico, que las empresas están dando grandes pasos en el Estado y que los municipios son importantes para grandes sectores”, dijo.

Miguel Ángel Valdovinos Madrazo, director de la Planta Naucalpan, destacó que los nuevos proyectos aumentarán su competitividad y capacidad productiva, lo que permitirá incrementar el abasto de productos a Latinoamérica, Norteamérica y otros países, además de abrir posibilidades de expansión hacia otros mercados.

Los proyectos también contemplan procesos de automatización y contribuirán a la creación de nuevos empleos, que se sumarán a los cerca de 900 puestos de trabajo actuales. La planta de Naucalpan es la más grande e importante de P&G en Latinoamérica dentro de la categoría de salud.

Finalmente, Tirso Teixeira Mello, director general de P&G, señaló que el Estado de México alberga una de las plantas con mayor trayectoria de la compañía, con más de 60 años de operación. Destacó que las ventajas competitivas y el talento humano de la entidad, son factores que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos.

Aseguró que la colaboración entre la empresa y el Gobierno estatal permitirá generar beneficios tanto para P&G como para el desarrollo económico del Estado de México.

Toluca, Edomex. 20 de agosto del 2026.- El pleno del Congreso mexiquense aprobó, este miércoles, la nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y con ello se consumó la extinción del órgano autónomo denominado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem). Una vez que el decreto sea publicado y promulgado por la gobernadora en Gaceta de Gobierno, se iniciará el proceso de liquidación del Instituto, el cual no deberá ser mayor a 180 días.

El decreto de la nueva Ley de Transparencia fue avalado por 56 votos a favor de las y los diputados de Morena, PT y Partido Verde, mientras que en contra hubo 18 sufragios de las y los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, y una legisladora sin partido, quienes consideraron la desaparición del Infoem, como un retroceso de más de 25 años en materia de transparencia y rendición de cuentas.

A partir de ahora, todas las funciones y obligaciones que tenía el Infoem pasarán a la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, quien habrá de crear un órgano descentralizado denominado Transparencia Mexiquense, quien se encargue de garantizar el derecho a la información pública del estado y de los municipios.

Las Contralorías de los Poderes Judicial y Legislativo, serán las responsables de garantizar la transparencia y el acceso a la información de cada uno de los Poderes, mientras que órganos internos de control de los órganos autónomos, como la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), la Universidad del estado (UAEMex), el Instituto y el Tribunal Electoral del estado (IEEM y TEEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa  (Trijaem), harán lo propio respecto a su información pública.

Una vez que cobre vigencia el decreto aprobado por la legislatura la Secretaría de Finanzas del estado deberá designar a una persona que se encargará del proceso de liquidación del Infoem. Este deberá entregar un listado de las personas que laboraban en ese instituto con sus salarios y antigüedad para el finiquito de cada uno de ellos.

En un plazo de 20 días, se deberá hacer el traslado de todos lo bienes materiales, técnicos  y financieros del Infoem, a la Secretaría de la Contraloría. Para ello se deberá crear una comisión transitoria conformada por personal de las secretarías de Finanzas, de la Contraloría, de la Consejería Jurídica y de la Oficialía Mayor.

Durante la sesión, legisladoras del PAN y MC y diputados del PRI y del PRD reprocharon a la 4T de desaparecer el Infoem y trasladar sus funciones a la contraloría.

“Esta decisión se quiere fundamental en la austeridad,  en acabar con excesos y privilegios, pero  una cosas es gastar mejor y otra ahorrar debilitando contrapesos. Rechazamos que la austeridad sea el argumento favorito para hacer más fuerte al gobierno y más débil al cuidadano”, dijo la panista, Alexia Dávila.

Omar Ortega dijo que el nuevo órgano desconcentrado denominado Transparencia Mexiquense no será imparcial pues estará subordinado a la Contraloría y por ende al Poder Ejecutivo y agregó“no se puede hablar de autonomía cuando el vigilante estará por debajo del vigilado”. Finalmente expuso que a partir de ahora, la transparencia ya no estará sujeta al cumplimiento de una ley, sino más bien a la voluntad política de sus sujetos obligados.

Toluca, Edomex; 20 de agosto de 2026.- Un fondo de 900 millones de pesos será destinado durante 2026 para ampliar el programa Senderos Seguros en diez municipios de la zona y del Valle de México, mediante una bolsa integrada en partes iguales por los gobiernos federal, estatal y municipales.

El convenio establece una inversión de 300 millones de pesos por cada orden de gobierno, con el propósito de financiar obras de reforzamiento de alumbrado público, iluminación, rehabilitación de banquetas, calles y camellones, además de la incorporación de arte urbano mediante murales.

Los recursos serán aplicados en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad, municipios considerados dentro de la estrategia para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en espacios públicos.

De acuerdo con el anexo técnico del convenio, Ecatepec concentrará la mayor inversión, con 159 millones de pesos, de los cuales 53 millones serán aportados por cada uno de los tres órdenes de gobierno.Le siguen Chimalhuacán, con 111 millones de pesos; Nezahualcóyotl, con 126 millones; Chalco, con 114 millones; Texcoco, con 87 millones; Tlalnepantla, con 75 millones; La Paz, con 94.5 millones; Chicoloapan, con 55.5 millones; Ixtapaluca, con 45 millones, y Valle de Chalco, con 33 millones de pesos.

El esquema plantea que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sea la instancia encargada de ejecutar, supervisar y entregar las obras, así como de realizar las contrataciones correspondientes con los recursos concentrados en el fideicomiso previsto en el convenio.

Los municipios, por su parte, deberán aportar sus recursos dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la firma del acuerdo, además de garantizar que las vialidades y espacios considerados para las obras estén liberados de obstáculos, instalaciones irregulares o cualquier situación que dificulte los trabajos.

También tendrán que acreditar que los sitios a intervenir forman parte del patrimonio municipal, son de dominio público y no enfrentan conflictos legales, concesiones o afectaciones que impidan la ejecución de las obras.

El convenio establece que los gobiernos municipales no sólo serán responsables de facilitar las condiciones para la ejecución de los trabajos, sino también de promover la participación de los habitantes mediante comités ciudadanos que den seguimiento a las acciones.

Una vez concluidas las obras, los municipios deberán recibir formalmente las vialidades y espacios rehabilitados, incorporarlos a sus inventarios y asumir su mantenimiento preventivo y correctivo.

El acuerdo también contempla que las autoridades municipales deberán fomentar entre la población el cuidado y conservación de los espacios intervenidos.

Chalco, Edomex. 20 de agosto de 2026.- El Mando Unificado Zona Oriente acordó la instrumentación despliegues estratégicos en las carreteras Lechería-Texcoco, México-Puebla y México-Cuautla, consideradas las vialidades donde se registra el mayor número de ilicitos, como robo de autos, de transporte y de mercancías.

Estos operativos se realizan con base en mapas de calor, en inteligencia y con el apoyo de la tecnología, lo que ha proporcionado resultados tangibles, a favor de las y los mexiquenses que viven en los 17 municipios por donde atraviesan estas carreteras.

El coordinador Regional de la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), de la Zona Oriente, Pedro Iván Rendón Ávalos, señaló que ya se tiene resultados importantes como la baja tanto de homicidio, de robo de vehículo, robo de transporte de carga, aun no es suficnete, por lo que desde la gubernatura se les pidió que se redoblen esfuerzo para continuar reduciendo el indice delictivo.

De acuerdo con datos oficiales –dijo– del 25 de marzo de 2025 al 16 de agosto de 2026 en el combate frontal al robo de patrimonio, transporte de mercancías y vehículos, se pudieron recuperar 123 millones 303 mil 128 pesos en mercancía diversa con reporte de robo, asimismo se aseguraron un total de 21 mil 015 vehículos y se efectuaron 263 mil 470 operativos en la zona oriente del Estado de México, lo que permitió la contención y disminución de delitos de alto impacto.

Como resultado de estas acciones conjuntas, las fuerzas de seguridad estatales y federales lograron la detención de 37 mil 758 personas en flagrancia o por mandamientos judiciales, debilitando activamente las células delictivas de la región; asimismo, con el objetivo de prevenir actos violentos y pacificar las calles, se retiraron de circulación 3 mil 900 armas: mil 038 de fuego, 2 mil 463 armas blancas y 399 de manufactura artesanal o hechizas.

Respecto a la estrategia contra el narcomenudeo y la protección de la salud pública, el estado de fuerza decomisó 548 mil 620 gramos de marihuana, 70 mil 499 gramos de cocaína en polvo, así como 22 mil 618 dosis empaquetadas listas para su distribución, además de 116 mil 977 gramos de metanfetamina y 3 mil 454 pastillas psicotrópicas. Lo anterior con apoyo y trabajo conjunto con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Marina), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y Policías municipales

El propósito de este grupo de rescate era atender emergencias, rescate de pacientes, atención de desastres naturales, vigilancia aérea, que hoy se reducen a su mínima operación. En primer lugar, de 21 aviadores -estos sí trabajaban- ahora solo quedan 4 adscritos a la nómina estatal, quienes se encargan del manejo de los helicópteros. Sin embargo, la ignorancia -que no es la mejor aliada de la improvisación- implicó que este año no lograron concretar el contrato de refacciones; y debieron pasar seis meses, para apenas firmar el contrato del mantenimiento de aeronaves. En consecuencia, su operación es mínima, o de lo contrario, si acumulan horas de vuelo y no van a poder darles los mantenimientos necesarios, por la falta de refacciones.

Por ahora, se puede advertir que hay disponibilidad suficiente de presupuesto asignado. El problema es que la gente encargada de los trámites administrativos no sabe cómo hacerlos y terminan en subejercicios presupuestales. A esto, se suma que esta semana despidieron a la delegada administrativa de la Coordinación de Servicios Auxiliares: la razón fue que tenía un tema delicado, aunque se desconoce si sea un asunto personal, o vinculado con su responsabilidad laboral. Las últimas semanas, no han sido el mejor momento para pertenecer a la Oficialía Mayor: recordar la red de aviadores del Edomex.

La mejor evidencia de su inoperatividad se refleja en las redes sociales, donde sólo se publican actividades relacionadas con cursos de capacitación que realizan en áreas de Protección Civil y distintos municipios mexiquenses. De emergencias, ya poco se atienden; así como el esporádico traslado de órganos y tejidos para trasplantes. Esa es la dura realidad que hoy enfrenta el Grupo Relámpagos, que hoy requiere de su propio “autorescate” para mantenerse vigente y funcional. Veremos si en algún momento, Mónica Chávez se entera del ámbito de su responsabilidad, o cae en la misma crisis que dejó a la Secretaría de las Mujeres.

A propósito de esa dependencia, trasciende que existe una pugna interna entre la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Esther Rodríguez, y Lucina Vargas, directora general de Igualdad Sustantiva. Eso ha impactado en las acciones que obligadamente deben ejecutar de manera coordinada. Ambas funcionarias apelan a su cercanía con la mandataria estatal. Pero en el escenario público, se exhibe más su disputa institucional, que acciones, programas o políticas que favorezcan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Toluca, Edomex 19 de agosto del 2026.- El Gobierno del Estado de México, inició este 19 de agosto la dispersión de recursos del Programa “Mujeres con Bienestar”, correspondiente al bimestre julio-agosto con el propósito de apoyar a las mexiquenses, principalmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.

Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar, explicó que la dispersión de este programa se realizará conforme a la inicial del apellido paterno, de acuerdo con el siguiente calendario:

• ⁠Miércoles 19 de agosto: letras A, B, C.
• Jueves 20 de agosto: letras D, E, F, G .
• ⁠Viernes 21 de agosto: letras H, I, J, K, L, M .
• ⁠Lunes 24 de agosto: letras N, Ñ, O, P, Q, R .
• Martes 25 de agosto: letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Las beneficiarias activas de entre 18 y 59 años recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos, en cumplimiento con lo establecido en las reglas de operación del programa.

González Romero hizo un llamado a las beneficiarias para mantenerse informadas sobre este proceso a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de México: https://bienestar.edomex.gob.mx, ⁠https://mujeresconbienestar.gob.mx, ⁠Facebook: /BienestarEstadodeMexico y ⁠X: @BienestarEdoMx.

Mencionó que para recibir atención personalizada sobre el programa “Mujeres con Bienestar” o disipar dudas relacionadas con algún pago, las interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos: 55 9506 5519 y 7229409190 o enviar un correo electrónico a at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx.

Asimismo, subrayó que todos los trámites que realiza la dependencia a su cargo son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que pidió no dejarse engañar por personas que buscan lucrar con información falsa, prometiendo trámites o gestiones de apoyos que en realidad no pueden realizar.

Toluca, Edomex; 19 de agosto de 2026.— La postulación de Dulce Karina Mendieta Díaz para dirigir la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAEMex comenzó a generar cuestionamientos en redes sociales y espacios digitales vinculados con la comunidad universitaria, principalmente por sus antecedentes dentro del proceso de sucesión que quedó suspendido en 2025.

Mendieta Díaz es una de las cinco personas que obtuvieron registro para contender por la dirección de la FCA para el periodo 2026-2030. La elección se encuentra actualmente en la etapa de presentación de programas y posteriormente contempla las auscultaciones cualitativa y cuantitativa, antes de que el Consejo Universitario tome la decisión definitiva.

En publicaciones difundidas en redes universitarias se ha puesto bajo la lupa la cercanía que tuvo con Eréndira Fierro Moreno, quien en 2025 participó en el proceso de sucesión de la Rectoría de la UAEMex y posteriormente retiró su aspiración.

De acuerdo a un documento obtenido por Plana Mayor, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Mendieta Díaz fue identificada como observadora de Fierro Moreno para la auscultación cualitativa prevista dentro de aquel proceso. La jornada estaba programada para mayo de 2025, pero el proceso de elección de rectoría quedó trastocado en medio de la crisis universitaria y la suspensión de actividades en distintas facultades.

La relación adquiere mayor relevancia al considerar que Fierro Moreno tiene una trayectoria estrechamente ligada a Contaduría y Administración: fue profesora e investigadora de esa facultad y posteriormente ocupó la Secretaría de Administración de la Universidad. Actualmente mantiene una plaza académica en la FCA, aunque con licencia debido a su responsabilidad en el Ceneval.

El contexto político de aquella sucesión también coloca bajo observación al actual director de la Facultad, Juan Carlos Montes de Oca López. Durante su gestión, Montes de Oca compartió espacios institucionales con Fierro cuando ésta se desempeñaba como secretaria de Administración.

Pero además existen señalamientos publicados durante la sucesión rectoral de 2025 que ubicaron a Montes de Oca dentro de un grupo identificado con el respaldo a Fierro. El todavía director de Contaduría formaba parte del bloque que impulsaba esa candidatura y le atribuyó la expectativa de ocupar la Secretaría de Docencia en una eventual administración encabezada por Fierro.

Es precisamente esa cadena de antecedentes la que ha provocado que en redes sociales algunos integrantes y observadores de la vida universitaria cuestionen si la candidatura de Mendieta Díaz representa solamente una aspiración individual o si mantiene vínculos con los grupos que participaron en la disputa por la Rectoría en 2025.

La actual convocatoria contempla cinco perfiles: Renata Nayeli Cuevas Villa, Abraham Hernández Villalobos, David Orihuela Huerta, Laura Verónica Reyes Gómez y Dulce Karina Mendieta Díaz. La auscultación cualitativa está prevista para el 24 de agosto y la cuantitativa para el 25, mientras que la decisión final corresponderá al Consejo Universitario.