Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex, 5 de enero de 2024.- Luego de la inasistencia de cuatro exservidores públicos mexiquenses y de tres directivos de Aleática a la audiencia inicial por la presunta explotación ilegal de la concesión del Viaducto Bicentenario, un juez de distrito determinó procedente que a través de la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una orden de comparecencia en su contra para que dichas personas se presenten a la audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra; o de lo contrario, se les llevará ante juez por medio de la fuerza pública, mediante una solicitud de orden de aprehensión.
Ayer jueves, estaba programada una audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la imputación relacionada con la explotación del Viaducto Bicentenario por Aleatica, sin una concesión otorgada por el Gobierno Federal.
La imputación involucra a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director general de OHL México entre 2013 y 2020, Rubén López Barrera, actual director de la empresa española; además de cuatro exfuncionarios del gobierno del priísta Alfredo Del Mazo, a los que se señala de haber firmado en 2020 un convenio que pretendía “legalizar” la concesión entregada a OHL desde hace 15 años: Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Gilberto Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.
Derivado de su inasistencia a la audiencia judicial, la FGR solicitó a la autoridad judicial que se declarara a los imputados como sustraídos de la acción de la justicia. Por su parte, el juez de distrito consideró que su inasistencia no se justificaba, por lo que indicó que lo procedente es que la Fiscalía General de la República solicite una orden de comparecencia en su contra para que, a través de la fuerza pública, sean conducidos a la audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra.
En caso de que tampoco comparezcan a la audiencia una vez girada la orden, la FGR podría solicitar la emisión de una orden de aprehensión bajo proceso penal.
El centro de la acusación se concentra en que el Viaducto Bicentenario está construido sobre la autopista federal México-Querétaro, la cual se trata de una vía general de comunicación sujeta exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los poderes federales, y sólo podría ser explotada por un particular al amparo de una concesión otorgada por el Gobierno Federal.
De acuerdo con los expedientes integrados en la investigación judicial, Aleatica no cuenta con un título de concesión otorgado por el Gobierno Federal y, sin embargo, cobra una cuota de peaje por el uso del Viaducto Bicentenario, es decir, explota esa vía general de comunicación.
Con base en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, se sancionará con prisión de 2 a 12 años a quien explote un bien de la Nación sin concesión otorgada por la autoridad federal competente.
En este caso, la única autoridad competente es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, por conducto de su titular.
La misma Ley prevé que las obras que se realicen en inmuebles federales sin concesión federal, se perderán en beneficio de la Federación, sin que proceda indemnización o compensación alguna.
