Redacción
El lunes pasado, representantes de la tabacalera Philp Morris arribaron al Congreso local para cabildear con los diputados la no aprobación de la Ley Antitabaco que la semana pasada habían aprobado por unanimidad en comisiones.
No todos los grupos parlamentarios accedieron a hablar con ellos ni tampoco todos los diputados. Los encuentros siempre fueron negados, pero varios legisladores confirmaron este miércoles que sí sucedieron.
Ayer, cuando se esperaba que el dictamen de la ley Ley de Prevención al Tabaquismo y la Protección de Espacios cien por ciento libres de humo de tabaco formara parte de la agenda de la última sesión de la 57 legislatura local, se confirmaron las sospechas. Los diputados terminaron cediendo a los intereses de las tabacaleras y tanto el PRI como sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza, con la complacencia del PAN y de Movimiento Ciudadano se opusieron a que la ley se discutiera en el pleno para su aprobación.
Los intentos del diputado perredista Juan Hugo de la Rosa, quien preside la comisión de Salud y fue promotor desde hace un par de años de la iniciativa fueron en vano para que el dictamen de la Ley Antitabaco fuera puesto a consideración del pleno.
La única justificación que dieron los priístas fue que el dictamen aun tenía “algunos detalles” que se tenían que ajustar. “No hay duda de que las tabacaleras terminaron doblando a mis compañeros”, dijo De la Rosa , a quien el lunes pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Política le había prometido que el dictamen de la ley saldría este miércoles.
La Ley Antitabaco contemplaba multas de hasta seis mil pesos a los fumadores que no respetarán los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y arresto de 36 horas. También se incluía la intervención de la policía si alguien se negaba reiteradamente a apagar su cigarro en lugares cerrados donde se prohíbe fumar.
A los establecimientos los obligada a destinar áreas libres de humo de tabaco y lugares para especiales los fumadores y había una prohibición expresa a fumar en unidades del transporte público, cuya violación implicaba una multa de hasta 450 mil pesos y la cancelación de la concesión.
Los disciplinados legisladores del Panal, que habían respaldado el dictamen también se opusieron a que este fuera sometido al pleno, porque así se los recomendaron de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, pero no escondían su enojo y algunos hasta revelaron que un diputado del Verde, que hoy preside un órgano empresarial a nivel nacional, es el responsable del boicot a dicha ley.
