Redacción

Toluca, Edomex. 8 de julio del 2024.- El Sistema Integral Para el Desarrollo para las Familias (DIF) entregó, este lunes, las llaves de acceso a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a los poderes judiciales de los estados, pues serán los jueces locales en materia familiar los que se encargarán de hacer las inscripciones de deudores, a través de sus sentencias.

En este registro se difundirán los nombres de las personas que tengan adeudos en el pago de sus obligaciones alimentarias y quienes aparezcan en este catálogo, se les restringirán algunos derechos como poder ocupar un cargo público o de elección popular, tramitar licencias de conducir o pasaportes, entre otros.

Apenas, hace una semana, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, retiró la constancia de mayoría a Luis Carballo, un candidato a diputado que ganó en el distrito 23 del Estado de México, por estar inscrito en este Registro, ya que tenía adeudos en el pago de las pensiones alimentarias de sus hijos, motivo por el cual ya no podrá ocupar la curul que ganó en las urnas.

Este lunes, la directora nacional del DIF, Nuria Fernández acudió al auditorio de la Escuela Judicial del Estado de México para iniciar con la entrega de las llaves de acceso a esta plataforma, que permitirá, por primera vez, conocer a ciencia cierta, cuántos deudores alimentarios existen y donde se ubican, aunque la finalidad de este Registro, es inhibir la morosidad en el pago de las pensiones alimentarias para niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

“El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es, sin duda, un mecanismo legal que garantiza a la niñez y a los grupos prioritarios, su derecho a recibir alimentos, y hay que decirlo sin ambages, el registro es resultado de una lucha emprendida por las mujeres y por las madres que diariamente acuden a los tribunales con la esperanza de allegarse recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus hijos. Con el Registro no buscamos la revancha contra ningún deudor sino contribuir a la restitución de los derechos alimentarios de todas las personas y grupos vulnerables”, dijo Alejandro Cárdenas, director jurídico del DIF.

A la par del Registro, dijo, se tiene programado iniciar una tarea de difusión y convencimiento a nivel nacional sobre la importancia que tiene cubrir las pensiones alimenticias y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

Aclaró que la inscripción en el Registro será una consecuencia jurídica del incumplimiento de la pensión alimenticia decretada por los jueces y ningún usuario podrá acceder a esta plataforma para hacer inscripciones, pues necesariamente tendrá que ser mediante un mandato judicial.

“La inscripción tiene como efecto inhabilitar al deudor moroso en el ejercicio de ciertos derechos, pues no podrán obtener licencias ni permisos para conducir, no podrán obtener pasaporte o documento de identidad y viaje; no podrán ocupar cargos públicos, ni de elección popular y no podrán participar como aspirantes a cargos de jueces o magistrados federales o locales. Tampoco podrán realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles y no podrán salir del país”, explicó Cárdenas.

El registro tendrá tres modos de acceso: una de consulta pública, una de acceso directo y exclusivo de los Tribunales a las bases de datos para suministrar y actualizar toda la información de los deudores alimentarios morosos de su entidad, y un acceso directo a la base de datos para las procuradurías de protección a la niñez.

En el caso de la consulta pública, cualquier usuario podrá tener acceso tecleando el nombre de la persona que desea saber si está o no inscrito, y de estar inscrito,

únicamente será visible el nombre apellido del deudor, su registro federal de contribuyentes, su registro de población, el plazo de pago de la pensión y el juzgado que ordena la inscripción.

La plataforma también tiene habilitado un botón para que los usuarios puedan descargar certificados de no inscripción, pues estos podrán ser requeridos por las autoridades competentes para diversos trámites.

Nuria Fernández, directora nacional del DIF consideró imprescindible que haya coordinación y cooperación entre las diversas instancias involucradas en este registro, pues serán los jueces los que a través de las sentencias determinen la inscripción de algunas personas.

“Es necesario que los juzgados respondan y se garantice que cuando se dicte sentencia se suba a registro. Sin ustedes, sin el Poder Judicial, el esfuerzo sería inútil. Necesitamos que efectivamente se registren los deudores alimentarios y que se dicte sentencia sobre los deudores alimentarios, por el bienestar de las

familias de las mujeres que encabezan a veces solas esta labor de crianza y para que terminemos de ser un lugar con tanta morosidad en el pago de deudas alimentarias”.

De acuerdo con Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial mexiquense, la mayor carga de trabajo en los Tribunales Superiores de Justicia de los estados se encuentra en las materias civil y familiar donde se concentran más del 70 por ciento de los expedientes, pues lo penal apenas representa el diez por ciento del total y lo laboral del orden del 4 por ciento.