Redacción
Toluca, Edomex; 21 de abril de 2026.— Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense avalaron la expedición de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, un ordenamiento que no sólo reconoce a los animales como seres sintientes, sino que también endurece las sanciones —incluidas responsabilidades para servidores públicos— ante conductas de maltrato.
El dictamen, que integra 17 iniciativas de distintas bancadas y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, establece un marco más estricto para castigar actos de crueldad, omisiones institucionales y prácticas irregulares como la simulación de refugios con fines de lucro.
En concreto, las personas servidoras públicas podrán ser sancionadas por no implementar centros de control y bienestar animal; omitir la creación o actualización de registros y padrones obligatorios; no atender denuncias de maltrato animal; incumplir protocolos en el manejo de animales, incluido el “sacrificio humanitario”; o tolerar o no supervisar prácticas irregulares como falsos refugios.
Estas conductas serán castigadas conforme al régimen de responsabilidades administrativas vigente, lo que implica sanciones como amonestaciones, suspensión del cargo, destitución y hasta inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Legisladores destacaron que las nuevas disposiciones buscan cerrar espacios de impunidad, particularmente en el ámbito gubernamental, donde se fijan obligaciones claras para autoridades estatales y municipales.
Durante la discusión, diputados subrayaron que la ley incorpora mecanismos para investigar y sancionar el maltrato animal, incluso con la intervención de la Fiscalía estatal, así como la participación de juzgados cívicos municipales para calificar conductas. En este contexto, se enfatizó que las personas servidoras públicas deberán actuar con apego a criterios de bienestar animal, especialmente en procedimientos como el denominado “sacrificio humanitario”, cuyo incumplimiento podría derivar en sanciones.
El paquete legislativo también refuerza la corresponsabilidad institucional al obligar a los gobiernos municipales a implementar centros de control y bienestar animal, así como unidades permanentes de vigilancia. Actualmente, sólo 34 de los 125 municipios cuentan con este tipo de instalaciones, lo que evidencia rezagos que ahora podrían traducirse en responsabilidades administrativas.
Entre los instrumentos creados por la nueva ley destacan el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal; el Registro Único de Animales de Compañía; el Padrón de Asociaciones Protectoras; y un Fondo específico para la protección de los animales. Además, se incorpora la figura del “Visor de bienestar animal” y la expedición de certificados para animales en proceso de adopción.
Legisladores coincidieron en que el incremento de sanciones responde a la necesidad de inhibir conductas de violencia que, advirtieron, pueden escalar a otros ámbitos sociales. Asimismo, señalaron que la ley fija bases para garantizar alimentación, salud y condiciones dignas para los animales, al tiempo que regula su manejo, aprovechamiento y comercialización.
El dictamen también promueve la educación y cultura de respeto hacia los animales, así como campañas permanentes de esterilización, vacunación y adopción. Sin embargo, se reconoció que el reto principal será la correcta aplicación de la norma, particularmente en lo que respecta al actuar de autoridades locales.
Con este aval en comisiones, el proyecto será turnado al pleno de la Legislatura mexiquense para su eventual aprobación, en medio de un consenso generalizado sobre la necesidad de imponer sanciones más severas y garantizar que el servicio público no sea omiso frente al maltrato animal.
