Por: Violeta Huerta
Han pasado 10 años desde que el Código de la Biodiversidad del Estado de México entró en vigor, pero casi una docena de años de su aprobación; y aun así, las disposiciones establecidas en sus ocho libros siguen sin aplicarse y la mayoría de las faltas en materia ambiental quedan en la impunidad.
La norma llegó sustentada en el principio de “quien contamina, paga”, pero a la fecha no se ha hecho efectiva; ejemplos sobran: el Río Lerma, varias presas de la entidad, los basureros clandestinos, el poco control de las autoridades, o al menos la poca información sobre las emisiones de la industria y la nula separación de la basura en orgánica e inorgánica.
Con esa norma, desde el año 2007 cualquier ciudadano puede presentar denuncias en materia ambiental, la evaluación de impacto ambiental es obligatoria antes de permitir cualquier obra que pueda afectar al medio ambiente.
Además, existe la responsabilidad por daño ambiental y la obligación de las autoridades de generar un inventario de fuentes contaminantes, multas por desperdiciar agua y cada árbol que se corte se debe reponer.
Sin embargo, no sólo no se ha cumplido lo que señala ese código, tampoco se ha difundido y eso ha abonado a que sea un simple adorno normativo y a que las violaciones a esa norma queden en la impunidad, pues no se conocen sanciones, ni avances significativos en el combate a la contaminación.
Como lo señalamos en Marcaje Legislativo, las autoridades tuvieron tiempo suficiente para generar una cultura de cuidado del medio ambiente y lograr que ese código aplicara en forma gradual, pues fue aprobado en julio del 2005, promulgado y publicado 10 meses después y entró en vigor en febrero del 2007.
Las disposiciones incluyen preservar el equilibrio ecológico, la protección al medio ambiente, fomento al desarrollo sostenible; el cuidado del agua, el fomento para el desarrollo forestal sostenible, la prevención y gestión Integral de residuos, la preservación y fomento para el aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, la protección a los animales y la responsabilidad civil por el daño y deterioro de la biodiversidad.
No se crearon los registros que señala la norma, ni se integraron fondos para la reparación del deterioro ambiental, ni para la protección animal; sin embargo las autoridades sí han aplicado una parte relativa a la verificación de vehículos, con multas a quienes no cumplan con esa obligación ¿El interés económico es más importante que el ambiental?
Uno de los principales objetivos del código era la separación de la basura en orgánica e inorgánica; por eso el plazo para aplicar ese código fue tan amplio, pero ni el Estado, ni los municipios han fomentado esa práctica y la disposición es letra muerta, aun cuando hay contenedores y carros recolectores que tienen las separaciones.
La falta de cumplimiento a esa parte del código es lamentable y hasta denota falta de visión, pues según el análisis “Qué desperdicio de basura” de Saúl Rodríguez, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 41 por ciento de la basura podría ser aprovechado, pero solo un 10 por ciento se recicla y aun cuando en cada hogar cada día se genera basura con un valor de poco más de 4 pesos.
Según el Código para la Biodiversidad, ciudadanos, empresas, establecimientos mercantiles, instituciones públicas y privadas, dependencias gubernamentales y todo generador de residuos urbanos y de manejo especial deben separarlos en orgánicos e inorgánicos.
Casi todo lo que señala ese cuerpo normativo ha quedado en buenas intenciones, por eso no hay avances, ni se ha revertido la contaminación del agua, ni la del suelo, ni mucho menos la del aire.
Habría que ver si la omisión de las autoridades – al no sancionar la contaminación, ni la violación a los apartados del código- no ha sido premeditada para no afectar intereses económicos; sin importarles los daños irreversibles a nuestro medio ambiente, a la calidad de vida y a la salud de la población.
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Los diputados locales del PAN propusieron la derogación del fuero en el estado de México, un tema que ya ha sido planteado por la izquierda. La inmunidad emanada de esa figura no tiene razón de ser, pues todos los servidores públicos, sin importar si se trata del gobernador, o de las los legisladores, deben responder en caso de cometer un delito.
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Durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Joaquín Castillo, la diputada Araceli Cassasola del PRD lo cuestionó en torno a la deuda pública, a fin de saber con qué monto recibieron este gobierno y cómo la dejarían.
El funcionario no ofreció detalles, pero esta administración ha aumentado los pasivos, mientras la anterior prácticamente los mantuvo.
Según la Cuenta Pública estatal del 2005, entre 2011 y 2015 la deuda pública del estado de México creció en casi siete mil millones, al pasar de 28 mil 271 millones, a 35 mil 125 millones de pesos; mientras los ingresos ordinarios aumentaron en más de 53 mil millones de pesos, pues crecieron de 146 mil 935 en 2011, a 200 mil 269 millones en 2015.
