Redacción
Toluca, Edomex. 13 de octubre de 2015.- Por primera vez y luego de más de un año de acontecida la matanza de 22 civiles en una bodega de la comunidad San Pedro Limón, en el sur del estado, el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez aceptó públicamente y ante diputados locales que hubo omisiones, insuficiencias y deficiencias en los trabajos realizados por la dependencia aquel 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, al inicio de la investigación de este crimen.
En un acto de sinceridad y autocritica, el procurador dijo durante su comparecencia que las labores realizadas por el ministerio público, policías ministeriales y peritos de la Procuraduría mexiquense en el lugar de los hechos, aquella tarde del 30 de junio, no fue el indicado, tan es así, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos así lo puso en evidencia en la recomendación que se giró por estos lamentables hechos, donde militares acribillaron a civiles –con quienes se habían enfrentado a balazos– cuando estos ya se habían rendido.
Gómez Sánchez recalcó que el personal de la Procuraduría estatal llegó a la bodega de San Pedro Limón seis horas después de ocurridos los hechos, pues así lo pidió la Secretaria de la Defensa Nacional con el argumento de que había alto riesgo de un nuevo enfrentamiento con grupos criminales por la matanza de estas personas.
«Claro que tuvimos deficiencias, por su puesto que hubo omisiones e insuficiencias en la forma de procesar el lugar de los hechos (la escena del crimen)… nosotros tratamos de acordonar la zona para evitar que personas ajenas a la investigación ingresarán a esta bodega”, dijo, tras reconocer que los militantes estuvieron más de seis horas a cargo del lugar.
A pesar de que llegamos el mediodía, se trabajó durante varias horas, pero llegó un momento en que oscureció, se nos cayó la noche y nos tuvimos que retirar del lugar, pues así lo recomendó y solicitó la Defensa Nacional, insistiendo por el hecho de que había riesgo de que se registrara un nuevo enfrentamiento con criminales.
Sobre los señalamientos que hizo la CNDH relacionados con la probable responsabilidad de personal de la Procuraduría que habrían incurrido en actos de tortura y abuso de autoridad en contra de tres mujeres sobrevivientes de estos hechos, el procurador dijo que en la actualidad existen ocho servidores públicos sujetos a proceso penal, eso sí, sin pisar la cárcel.
El juez que conoce de la causa por tortura y abuso de autoridad le concedió dos meses al ministerio público para concluir su investigación para que pueda iniciar el juicio oral de manera formal. Bajo ese entendido, a principios de diciembre esta programada la audiencia intermedia para que se definan que pruebas va a aportar la parte acusadora y cuáles serán las presentadas por la defensa.
Durante la comparecencia, el procurador fue cuestionado sobre los mecanismos que se han puesto en marcha con la entrada en vigor de la alerta de género en once municipios mexiquenses; también sobre la alta incidencia delictiva, sobre todo respecto al secuestro y robo de autos; las deficiencias y vicios que existen al interior de las agencias del ministerio público y sobre las reformas que se requieren para hacer más efectiva la justicia en el estado.
