Redacción
Distrito Federal. 28 de abril de 2015.- El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Manuel Vivanco, emplazó a la procuradora General de la República, Arely Gómez a concluir las investigaciones de las ejecuciones en Tlatlaya y la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, “dos gravísimas atrocidades que ocuparon los titulares de los medios de comunicación en el mundo”.
En una misiva dirigida a la titular de la PGR, Vivanco hizo un llamado a Arely Gómez a “impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los casos de presuntas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, y asegurar que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a los avances en esas investigaciones, y garantizar que los perpetradores de abusos sean llevados a la justicia”.
En la misma, hace alusión a que la propia Arely Gómez “se comprometió a trabajar en protocolos de investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como en continuar investigando la desaparición de los estudiantes en Iguala y el caso de Tlatlaya”, además de hacer “hincapié en el problema de la tortura del país”.
El titular de HRW para las Américas relata que el tratamiento que la PGR ha dado a casos de ejecuciones extrajudiciales, como el de Tlatlaya y el de Apatzingán, Michoacán “no ha sido mejor” que en el de los desaparecidos de Iguala.
Respecto del caso Tlatlaya subraya que mientras la recomendación de la CNDH identificó que de las 22 personas que murieron en el operativo militar sólo 12 habían sido ejecutadas por soldados, por este caso únicamente fueron consignados ante la PGR siete elementos y un teniente por la muerte de ocho personas, en tanto que “la investigación aún no ha identificado a todos los militares implicados en el encubrimiento”.
Vivanco contempla en su misiva parte de las conclusiones del relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, en el que se hace referencia a los casos de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, “la regla es que las torturas queden impunes. El gobierno ha informado sobre apenas cinco condenas por tortura entre 2005 y 2013”.
Del caso Tlatlaya, Vivanco insiste que se trata de una práctica generalizada, ya que las tres sobrevivientes de la matanza fueron víctimas de tortura por parte de policías del Estado de México “para obligarlas a que confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsable de las muertes”.
Con relación al desempeñó del gobierno mexiquense, reprueba que hasta ahora “la Procuraduría General del Estado de México no ha consignado a ninguno de los funcionarios involucrados en las torturas inflingidas a las testigos, y ninguna de las víctimas ni sus familiares ha recibido un resarcimiento por lo abusos sufridos”.
En general, recomienda a Arely Gómez dar a conocer los nombres de las “30 mil personas cuyo paradero se desconocía y han sido halladas, así como de las 22 mil que continúan extraviadas, según cifras gubernamentales basadas en información recogida por las procuradurías de Justicia”.
En la misma carta, pide que a Gómez González “permitir que expertos independientes involucrados en la investigación de las desapariciones en Iguala, y en cualquier otro caso en el que se requiera su intervención, realicen su labor sin interferencias indebidas”.
Exhorta a que la dependencia a su cargo colabore con organismos internacionales de derechos humanos, de manera particular solicita que brinde apoyo a los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para evaluar las políticas públicas con las que México espera abordar la desapariciones forzadas y en especial la solidez de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
