El chantaje
Francisco Ledesma
Frente a los arrebatos del gobierno calderonista por “recuperar” la banda del 2.5 Ghz, que en términos simples implica robustecer el poder fáctico de Televisa, lo que salta a la luz de nueva cuenta es la imperiosa necesidad de regular y transparentar el otorgamiento y la renovación de concesiones de la radio y la televisión en el país. Surge reiteradamente la imperiosa tarea de democratizar los medios de comunicación y alentar la competencia.
Los gobiernos, en su calidad de poderes formales, sucumben a la tentación del control político. Las concesiones de medios electrónicos, otorgadas a discrecionalidad, como favores estructurales, y con intereses creados al amparo de los grupos de poder, siempre fueron susceptibles a su revocación opaca, con criterios indefinidos, y con una alta vulnerabilidad de origen.
El panismo, ha dado ya múltiples muestras de su visión uniforme de la política, de lo económico y también de lo mediático. Para el calderonismo quien no está con él, está en su contra. El haiga sido como haiga sido contra López Obrador, la consecuente guerra contra el narco, y las acciones agraviantes en contra de noticieros, periodistas y ahora empresas mediáticas, dan muestra de ello.
Fox, asumido como un presidente demócrata y respetuoso de la libre expresión, acusó un presunto golpe de Estado en su contra por las críticas periodísticas que recibía en la víspera de su toma de protesta.
La defenestración de Gutiérrez Vivó de Radio Centro confirmó la sospecha de su reticencia a la crítica con agudeza. La complacencia hacia Radio Centro para incumplir un laudo comercial, y el consentimiento para que TV Azteca se quedara con el Canal 40 a partir de una argucia legal, constató su proclividad a fortalecer monopolios y eliminar la competencia incómoda.
El calderonismo, con estrangulamiento económico, posibilitó que Monitor saliera del aire de la frecuencia de MVS –la misma que está hoy enfrentada con el gobierno-. Hizo de la propaganda gubernamental un mecanismo de censura indirecta. Castigó a las voces distintas, incluido un veto propagandístico hacia la revista Proceso a lo largo de seis años de su mandato.
Desde la campaña presidencial de 2006, Calderón dio señales de su intransigencia a la crítica. A través de su vocero Max Córtazar –ex baterista de Timbiriche- reprochó al noticiero radial de W Radio –entonces conducido por la siempre incómoda para el poder Carmen Aristegui- la cobertura de un evento de campaña en el Tec de Monterrey Campus Estado de México, y la presión política cedió con un cambio en la reportera que cubría la fuente.
Y Córtazar ejerció las mismas amenazas con Vivó, hasta sacarlo del aire. Mientras refrendaba sus alianzas con Radio Centro que fortaleció su dominio radiofónico en la capital del país. Forjado en su cercanía con Calderón, luego Córtazar emigró a la vocería del panismo con Gustavo Madero, y a partir de septiembre se convertirá en diputado federal desde San Lázaro.
Hoy el gobierno calderonista ha vuelto a la carga. A través de Alejandra Sota, sucesora de Córtazar, ha ido en contra MVS –principal competidor de Televisa aliado con Azteca en la oferta de la telefonía móvil- para afectar los intereses que había sobre la banda ancha de 2.5 Ghz, que permitiría ofertar servicios de 4G con amplias posibilidades de crecimiento comercial.
Lo cierto, es que el gobierno calderonista cotizó dicha banda en comparación con países de la OCDE, lo que resulta un despropósito y una desventaja para una empresa que ofertará sus servicios ante consumidores cuyo poder adquisitivo no corresponde al primer mundo.
En síntesis, no había rentabilidad en el proyecto comercial de MVS, y el gobierno panista se opuso a reconsiderar su valoración de la banda en disputa.
Aunque en el imaginario colectivo y en la construcción de opinión pública lo que resta es la sospecha de que el acto de gobierno es revanchista, discrecional y que favorece al grupo enquistado en el poder mediático durante los últimos sesenta años, y que parece ganar una nueva partida.
La tenebra
México no sólo merece un amplio ejercicio de libertades, también exige una profunda revolución mediática, que fomente una competencia irrenunciable e incuestionable, donde muchas voces eviten la uniformidad de lo informativo.
