La reforma fallida
Francisco Ledesma
El proceso electoral federal parece marcado por una discusión sistemática de los medios electrónicos para arremeter contra la reforma electoral de 2007 que prohibió a los partidos políticos, sus candidatos e instituciones electorales contratar publicidad relacionada con propaganda política a través de dichos canales de comunicación. La decisión pegó hondo en los amplios y superiores intereses monetarios de las televisoras, que se calcula acaparan el 60 por ciento del mercado publicitario en el país, ante la imposibilidad de contratar espacios y contenidos para las campañas electorales.
Desde las elecciones intermedias de 2009, las estaciones de radio y televisión fueron marginadas del dispendio financiero que implicaba en antaño la contratación de spots dentro de su barra programática. Se detectaron con el tiempo que las televisoras tasaban tarifas preferenciales para los candidatos de su conveniencia, lo que representaba una competencia inequitativa, pues por un lado posibilitaba que un aspirante determinado pudiera comprar más con menos, y además usaba esa facturación favorable como un subterfugio para evitar un rebase en los topes de gastos de campaña pese al despilfarro.
A la ley electoral le vinieron daños colaterales, como la prohibición de que los gobernantes usaran las acciones y programas de su gobierno para la promoción de su imagen personal. Entonces, los mandatarios buscaron alternativas, y vino la aparición de La Gaviota como imagen oficial del gobierno mexiquense, junto con otros actores y cantantes para promocionar a otros sectores públicos. La aparición de algunas gacetillas informativas en los noticieros dejaba dudas sembradas sobre si eran parte de la producción de dichos programas o espacios contratados por los estados, donde aparecía la imagen de quienes estaban sujetos a la veda electoral.
Y la torcedera de la ley no terminó ahí. Ante la restricción de promocionarse únicamente en los informes de actividades, los representantes populares y funcionarios en general nos inundaron de informitis para justificar el posicionamiento de su imagen a través de espectaculares, spots en radio y televisión y publirreportajes que se plasman en los principales periódicos del país. Informes sin justificación algunos, y que ni siquiera cumplen con la rendición de cuentas que se busca en esos actos, denominados republicanos, y que se convierten por lo general en foros faraónicos que rinden pleitesía a los liderazgos políticos que ya buscan otro cargo público, y su posicionamiento en las encuestas.
La reforma electoral quedó cuestionada y vulnerada por las artimañas de la política mexicana. En fecha reciente, sólo a manera de referencia y ejemplo, bajo pretexto de un informe de actividades –sin justificación jurídica alguna-, el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera rindió un informe de actividades y proliferó su imagen mediante decenas de espectaculares en la capital del país, el derroche económico con recursos públicos fue inevitable. Mediante el armado de una encuesta de popularidad emprendida por el frente de izquierdas, Mancera arrancó muy adelantado en una contienda inequitativa para el resto de los contendientes, y en consecuencia, ya como candidato es hoy el hombre más adelantado en las preferencias por el Distrito Federal.
La autoridad electoral fue omisa. Enmarca el informe de Mancera como una acción legal y legítima, que permite sacar una ventaja sobre el resto de los candidatos. Y en los estados, la circunstancia no exime a nadie. Diputados federales y locales que dan informes a sus estructuras, pero no rinden cuentas a sus gobernados. Alcaldes que usan los recursos públicos del Ayuntamiento para posicionar su imagen y buscar otro cargo público. Medios electrónicos que impedidos de vender sus espacios publicitarios, ahora publicitan sus espacios informativos. Una ley rebasada en circunstancia frente a la violación flagrante.
En la acera de enfrente muchos medios se rasgan las vestiduras a favor de la libertad de expresión. Constituidos en un poder fáctico que chantajea, que busca cambiar la ley, mientras la tuerce, la vulnera y busca los métodos para no respetarla. El problema para las televisoras no son los debates, ni los tiempos de equidad electoral, su gran factor de inconformidad sigue siendo el dinero, las inversiones que se esfumaron a partir de prohibir la contratación de spots, y que la única mercadotecnia política presente en medios electrónicos sea asignada por los tiempos oficiales a los que el Estado tiene derecho.
Y los partidos políticos y sus candidatos que encuentran los vacíos legales, los mecanismos de aparecer en televisión y radio, y de que todo parezca legal. Las entrevistas pactadas y pagadas. Las trasmisiones de mítines, y la grave amenaza de anular elecciones. Los villanos de la trama se vuelven quienes aplican la ley por la interpretación de la misma. Las quejas de inconformidad repletan escritorios de consejeros y magistrados electorales, entrampados en la circunstancia que desde hace mucho dejaron de ser ciudadanos, para convertirse en cuotas de poder de los partidos políticos.
Al margen del debate, los ciudadanos, cada vez más cansados de que la turba electoral toque a su puerta cada tres años con las mismas promesas, los mismos candidatos, y una reforma electoral que no se ha ahorrado nada, ni gastos, ni pleitos, ni la ofensiva promoción personal de los gobernantes. Todo sigue igual, incluido el abstencionismo y la nulidad de votos para la elección.
La tenebra
Las encuestas de todo tipo, marcarán llegados los tiempos de la campaña electoral una diferencia menor de diez puntos entre el puntero y el género. Y así volveremos a una campaña polarizada y una contienda muy, pero muy cerrada. El que paga –las encuestas- manda. Y el que cuenta los votos, gana.
