Resulta inverosímil pensar que, la alta presencia que tienen grupos del crimen organizado en el Estado de México sea posible con la complacencia de apenas 14 funcionarios municipales -siete de ellos en prisión y siete más prófugos de la justicia-, involucrados en la llamada Operación Enjambre, y cuyas carpetas de investigación dejan de manifiesto que las policías preventivas se encuentran corrompidas sin distingo de partidos políticos, y cuyo propósito legal y marco institucional se fractura ante la dominancia de poderes fácticos.

Por ahora, es insostenible que un puñado de servidores municipales de forma unánime se hayan dedicado a brindar protección o dejar el libre paso de agrupaciones criminales, cuando de por medio existen mesas de trabajo interinstitucional en materia de seguridad, las cuales se han implementado desde el sexenio calderonista, y que con matices en cambios de la estrategia, se han mantenido durante los mandatos del peñismo y el lopezobradorismo.

Es decir, en los últimos años, la presencia de fuerzas federales y estatales se ha resuelto de manera coordinada, y es increíble que por voluntad personal de alcaldes, comisarios de seguridad pública o subdirectores de las policías municipales, hayan rebasado los operativos de seguridad en los que se involucran más instancias de gobierno. Para decirlo con contundencia, faltaría por ver el grado de connivencia del crimen organizado con autoridades federales y estatales que les haya facilitado su operación en la geografía estatal.

Ahora bien, una vez encarceladas las autoridades municipales con el impacto mediático alcanzado, la gran interrogante es cuántos policías municipales sabían de esta complacencia hacia grupos criminales, y por qué hasta ahora, ningún elemento en activo -de ninguno de los municipios involucrados- ha sido vinculado por las investigaciones ministeriales en curso.

Se ha pretendido enaltecer el trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Justicia que encabeza José Luis Cervantes, y la disposición política del Poder Judicial que preside Ricardo Sodi, lo que permitió llevar a prisión a siete funcionarios municipales; sin embargo, desde cualquiera de las dos instituciones hubo omisión, negligencia, ineficacia o complicidad, porque otros siete servidores públicos pudieron evadir la acción de la justicia, en un operativo que suponían sigiloso y discreto.

Hacia el futuro inmediato, se hace indispensable que los alcaldes electos pongan sobre la mesa sus propuestas de los posibles directores de seguridad pública, pero resultaría riesgoso que la sugerencia del gobierno delfinista se inclinara necesariamente por perfiles castrenses, por encima de los perfiles civiles; y que en consecuencia, tuvieran afinidad sobre quienes hoy encabezan la estrategia de pacificación en el estado, en una entidad infestada por la presencia criminal.

La Operación Enjambre es la punta del iceberg, en un estado cooptado por el poder fáctico del crimen organizado, que ha demostrado inequívocamente su estado de fuerza, su capacidad de letalidad y su inconmensurable solidez económica, frente a cuerpos policíacos altamente vulnerables, corrompibles y limitados en todo su entramado humano, estructural, institucional y presupuestal.

La complejidad de combatir al crimen organizado está muy por encima de ideologías políticas o pírricas victorias electorales. Las agrupaciones delincuenciales son capaces de corromperlo todo, en todos los ámbitos de gobierno y sin distingo de filiaciones partidistas, porque lo que está en juego es la disputa del territorio con otras organizaciones criminales y la supervivencia de su operación en el mercado de drogas más grande del país, el Valle de México.

La tenebra

¿Cuántos alcaldes van a preferir enviar su último informe de gobierno por escrito, para evitar el riesgo de ser detenidos por sus vínculos criminales?