Francisco Ledesma / La reforma electoral deseable
En los últimos meses, las élites políticas han concentrado el debate público acerca de una eventual reforma electoral, en la que bajo diversos argumentos -pero sobre todo falacias-, se han dedicado a defender o atacar a la burocracia de los órganos electorales, que en el fondo busca mantener o modificar las cuotas de poder partidista que se concentran en los supuestos funcionarios autónomos, pero se deja de lado aspectos sustanciales que permitan avanzar hacia una democracia que no deje espacio para la trampa o la simulación.
Cuando faltan seis meses para la elección por la gubernatura del Estado de México, los dirigentes partidistas y los aspirantes a las candidaturas exhiben la falta de democracia interna; y su apuesta por un sistema electoral que privilegia a las clientelas, bajo esquemas como la promoción y la movilización del voto, al margen de la legalidad o fuera de ella.
Los grandes electores en las candidaturas no son los militantes, mucho menos los simpatizantes. El subterfugio son las encuestas y la creación de nuevos encargos en la estructura partidista. En el fondo, tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador, Alfredo Del Mazo, han delineado la estrategia necesaria para incidir en la definición de quienes aparecerán en la boleta electoral, siempre a favor de sus intereses de grupo.
Por si fuese poco, durante los últimos diez meses, decenas de aspirantes inundaron el espacio urbano con su imagen, su nombre o su silueta en anuncios espectaculares y pinta de bardas; sin que eso implique un acto anticipado de campaña porque no se enuncia un cargo de elección; una propuesta proselitista; o un llamado al voto.
También abundaron decenas de concentraciones sociales con tufo de mitin de campaña, en las que diseñaron la construcción de redes de apoyo; se apropiaron de organizaciones feministas; se placearon como parte de su encargo como senadores o diputados; y en el colmo, se autoorganizaron festejos cumpleañeros para allanar el camino de una candidatura anunciada.
Lo cierto es que, invariablemente, todos los actores políticos -sin distingo partidista- llevan casi un año en campaña; con un financiamiento altamente cuestionable y sin que la autoridad electoral pueda poner un freno, porque las leyes en la materia están hechas para torcerla, para simular que se cumple, y siempre en retrospectiva de quienes ya la infringieron. Nunca hacia adelante.
En los meses por venir, los partidos políticos simularán procesos internos para legitimar las candidaturas ya definidas a favor de Delfina Gómez y Alejandra del Moral, con el propósito de darle formalidad, cumplir con sus estatutos, con los acuerdos de las coaliciones y con los requisitos de las leyes electorales.
Durante la campaña, las candidatas se dedicarán a recorrer mítines abarrotados de cientos, quizá miles de simpatizantes “acarreados”; y en escenarios onerosos. Ahí, se repartirán miles de gorras, playeras, tortilleros, paraguas, y demás utilitarios, que en la primera semana habrán rebasado el tope de gastos de campaña. Pero los equipos jurídicos y de contabilidad, harán lo necesario para ajustar la cifra y cumplir con la legalidad.
En las actividades sin candidato, las estructuras electorales alistarán durante 60 días, la promoción y movilización de votantes a ejecutar el 4 de junio, cuando se realicen los comicios por la gubernatura; en la búsqueda del voto clientelar, bajo amenaza de quitar los programas sociales que, de uno y otro lado, reparten los gobiernos morenistas y priístas. Pero, su actividad será imperceptible para las autoridades electorales, y por tanto, habrá incapacidad para sancionarlo.
Pero de estas carencias de la democracia no se habla, no se toca en la discusión electoral. La normalización de lo ilegal, y de lo indeseable.
La tenebra
La disputa es el poder público; de un grupo que busca mantenerse ahí, como parte de una herencia dinástica, frente a otro que, está en la inmejorable posición de ascender por primera ocasión, y quedarse ahí, por largo tiempo.
