No hay marcha atrás. El Estado de México entrará en un proceso de transformación al Poder Judicial, derivado del Plan C que se impulsa desde el ámbito federal para que también, en los estados, se instrumente la elección de jueces y magistrados; y la condición resulta irreversible, porque la gobernadora Delfina Gómez pretende instalarse a la vanguardia de las reformas legales que deberán procesarse en las 32 entidades del país.

De forma recurrente, se puede advertir que el bloque opositor rechazará sistemáticamente las iniciativas presentadas por oficialismo, bajo reserva de que los diputados locales que voten en abstención o a favor, pudieran ser expulsados de la disminuida oposición como ha ocurrido en el pasado reciente.

Morena y sus aliados electorales no tendrán problema alguno, porque tienen la mayoría en el Congreso local; y mantienen una hegemonía absoluta en los Ayuntamientos que entrarán en funciones el año entrante, donde desde los cabildos deberá procesarse, además, la aprobación de las reformas constitucionales por al menos la mayoría de los 125 ayuntamientos.

El bloque opositor puede alarmarse bajo la premisa de que una reforma al Poder Judicial puede dilapidar la división de poderes; lo cierto es que, bajo el régimen priísta prevaleció una connivencia de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia con todos los exgobernadores priístas.

Concluida su encomienda, los titulares del Poder Judicial fueron premiados con notarías públicas, o bajo nombramientos como procuradores de justicia, titulares de Derechos Humanos, entre demás componendas políticas.

Morena no puede tampoco invocar que ha renunciado a estas prácticas del poder público, porque coincide que José Castillo Ambriz -expresidente del PJ- hoy forma parte de la Consejería Jurídica de la gubernatura estatal, desde cuyo escritorio podría delinearse en gran medida la reforma para el Estado de México.

Castillo presidía el Tribunal Superior de Justicia en aciagos momentos de la gubernatura peñista, cuando se dictaron sentencias de más de cien años de prisión a los líderes de San Salvador Atenco, encarcelados tras la reyerta ocurrida por el retiro de floristas de Texcoco, cuyo alcalde interino era Nazario Gutiérrez, hoy presidente electo en la tierra natal de Delfina Gómez.

Más allá de la elección de jueces y magistrados, también es una oportunidad genuina e inigualable para que el Poder Judicial tenga la apertura y la transparencia que se exige a todas las dependencias que ejercen recursos públicos, ya que, hasta ahora, se caracteriza por su opacidad y el manejo discrecional de su presupuesto.

La reconstrucción del Poder Judicial también deberá transitar por ampliar sus capacidades, y reducir sustancialmente los tiempos en que se resuelve la justicia para más de 17 millones de mexiquenses que padecen de una lentitud burocrática; y que en repetidas ocasiones, abona a la corrupción institucional impregnada en la administración pública del estado, sin excepción.

Ampliar presupuesto, pero no para los privilegios de una clase dorada, acostumbrada a la suntuosidad de las oficinas desde donde despacha la alta burocracia, mientras en la mayoría de las instalaciones judiciales se advierten las carencias, el hacinamiento, la sobrecarga laboral y la justicia expedita es una promesa incumplida desde hace varias décadas.

El Poder Judicial que se tiene no es el ideal; pero el espíritu reformista de la 4T, puede ser un simple gatopardismo que no resuelva de fondo los problemas estructurales existentes, por la premura de ajustar y ejecutar la transformación.

La tenebra

Ser oposición a Morena va más allá de pedir más presupuesto para todo lo que se les ocurra.