Francisco Ledesma / Las razones de la desconfianza
No existe un solo motivo para pensar que la Secretaría de la Contraloría tendrá las capacidades legales, técnicas e institucionales para resolver satisfactoriamente la asunción de funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México, que recientemente le han sido delegas, tras la desaparición formal del instituto estatal de transparencia.
En su antecedente histórico, con el régimen priísta, la Secretaría de la Contraloría se consolidó como un aparato burocrático -una posición más en el reparto de posiciones del gabinete- capaz de legitimar a un sistema político estigmatizado por la corrupción, el abuso de poder, los excesos en el ejercicio del presupuesto y una imposibilidad para combatir la impunidad.
Desde la Secretaría de la Contraloría, no hay antecedente relevante en los sexenios recientes del ejercicio del poder político, que nos permita identificar una acción contundente frente a altos mandos por un acto de corrupción.
Por el contrario, la terca memoria, sólo nos trae muy malos recuerdos, como el caso de Eduardo Segovia, aquel secretario de la Contraloría que sólo duró meses en su despacho durante el recién inaugurado sexenio peñista, obligado a legitimar la evolución patrimonial del exgobernador Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento ilícito, entre octubre de 2005 y febrero de 2006.
Durante el sexenio de Eruviel Ávila, abundaron los casos de corrupción, pero no hubo castigo para los expedientes que marcaron la administración del ecatepense, donde hubo hospitales inconclusos que debieron ejercerse por César Gómez Monge, conflictos de interés con OHL por parte de Apolinar Mena, un enriquecimiento inexplicable de su círculo más cercano. Y cada expediente, sólo fue archivado en la Secretaría de la Contraloría.
El gobierno delfinista, alcanzó el triunfo electoral en junio de 2023, acompañado de una promesa electoral de alternancia que se propuso en el horizonte combatir la corrupción. A la distancia, no existe un solo expediente abierto -surgido desde las revisiones administrativas o por investigaciones emprendidas por la Contraloría- que hayan sido referente institucional para el sexenio en curso.
A tres años de distancia, la gestión delmacista puede asumir que entregaron las cuentas en orden. No hubo -ni habrá- acusaciones relacionadas con un uso irregular de los recursos públicos, no hubo -ni habrá- observaciones por la riqueza patrimonial del gabinete anterior, no hubo -ni habrá- sanciones administrativas o denuncias penales por el abuso del poder público.
Los casos que hoy trastocan las estructuras del gobierno, tienen que ver con denuncias penales por actos de corrupción cometidos en el actual sexenio, aun cuando en algunos expedientes se haya encarcelado a funcionarios del pasado. No se trata, en esencia, resultado del trabajo desarrollado por la Contraloría encargada de auditar, revisar y sancionar administrativamente.
Actualmente, la Secretaría de la Contraloría podría desaparecer -así como eliminaron al Instituto de Transparencia- y pocos notarían su ausencia, salvo porque quedaría una silla vacía en las reuniones del gabinete estatal.
Por la poca funcionalidad de la dependencia, y la tendencia de todos los gobiernos y su clase gobernante que apuestan de manera permanente a la opacidad en el ejercicio de sus funciones y de los recursos públicos, es que se puede asumir que no existe voluntad política para que la transparencia sea prioridad en la rendición de cuentas del gobierno en curso.
Ni siquiera se encuentra garantizado que puedan existir ahorros presupuestales con la desaparición del Infoem, porque la austeridad republicana sólo resuena como un discurso, que se ha desmentido cuando se revelan contratos irregulares, con sobreprecio y otras tantas irregularidades administrativas, que aun cuando quedaban sin castigo, hasta hoy, podíamos conocer por temas de acceso a la información pública.
Y esa transparencia, es la que hoy, se encuentra en riesgo.
La tenebra
El trabajo de Hilda Salazar ha sido tan discreto -por decirlo de manera suave- que parece que mes a mes su salario se traduce en una beca del bienestar.
