Francisco Ledesma / Repensar el poder municipal
En el primer año de su mandato, los alcaldes en funciones han demostrado -sin distingo partidista- el talante autocrático con el que pretenden ejercer el poder público que les fue conferido en las urnas. Confunden autonomía municipal con poder unipersonal en la toma de decisiones para mantener el control político, social y presupuestal del municipio que gobiernan; desde ahora, ya pretenden incidir en el futurismo electoral mediante la reelección o la sucesión a modo.
Sobran ejemplos de que los presidentes municipales, sabedores de contar de facto con una mayoría de síndicos y regidores a su favor; detentan un poder abrumador para asumir decisiones en el gobierno municipal. No hay decisiones colegiadas, porque lo que impera son cabildos subordinados, a pesar de las voces disidente que sólo quedan para el anecdotario de la estridencia edilicia.
Incluso, hay alcaldes que no tienen una buena relación política ni con los regidores de casa. En el año que concluye, se evidenció al izcallense Daniel Serrano tener una rispidez con una regidora morenista. También la alcaldesa vallesana Michelle Núñez se confrontó con gran parte de los regidores -incluidos los que formaron parte de su planilla-. Y en Huixquilucan, un regidor panista fue obligado a solicitar licencia por tener cercanía con un exdiputado expanista.
De poco o nada sirve que los alcaldes tengan oposición al interior de sus cabildos, mientras en su integración no exista una representación proporcional de la votación nominal en las urnas. La representación actual de los Ayuntamientos, da lo mismo si un alcalde gana por un voto que si lo hace por más del 50 por ciento de los sufragios, porque al final, tendrá garantizada una mayoría entre los regidores de su alianza o partido frente a la oposición política.
Eso incide en alcaldes y alcaldesas que asumen tener un control político suficiente para actuar como virreyes de su territorio durante tres años; creando cacicazgos o maximatos, para ejercer el poder por sí mismos o por interpósita persona. Esa seducción del poder político y el despilfarro presupuestal, es lo que genera cotos de poder perniciosos para cualquier democracia.
Así, en Villa Victoria una misma persona puede estar cinco ocasiones en el despacho de la Presidencia Municipal con la mayor normalidad posible; y en el ejercicio pleno de no tener oposición por delante; o en Huixquilucan, una misma familia, mantener el control pleno del Ayuntamiento durante 12 años, y estar pensando en que los 15 años, son un clamor popular de la democracia moderna.
Cuando se habla de democracia plena, y de una eventual reforma electoral, no estaría de sobra pensar en que esa lógica de frenos y contrapesos que tanto se defiende en tribunas legislativas para generar equilibrios frente a gobernadores, gobernadoras y la presidencia de la república, también pudiera permear hacia los Ayuntamientos; donde las oposiciones son silenciadas o ignoradas.
Los regidores de oposición, son esencialmente, una representación política, ideológica, social o hasta territorial del municipio. Su llegada a los cabildos no es un capricho personal, pues representan a una planilla que perdió en las urnas, pero que tuvo los votos suficientes para hacerse escuchar, para tener voto en consenso o diferenciado de la toma de decisiones, pero que resulta infértil en un campo do-minado por el poder autoritario del presidente municipal.
Repensar la integración de los Ayuntamientos, construiría una democracia más representativa, y disminuiría los excesos y los abusos de los alcaldes y alcaldesas. Y un paso adelante, también se debe entender que el ejercicio del gobierno municipal debe ser transitorio, porque el poder obnubila; y eso no lo merecen los electores, de una clase política manifiesta su apego al poder político.
La tenebra
Tecámac es ejemplo de cuando los intereses políticos sobrepasan los intereses colectivos. Dos tribus que pelean por el control financiero y humano de un Ayuntamiento. No hay ganadores ni vencidos; hay dos grupos que ambicionan el manejo político y presupuestal de un municipio.
