Francisco Ledesma / La (i)legalidad electoral
Aunque se ha normalizado cada vez más la promoción personalizada de aspirantes a la gubernatura del Estado de México, lo cierto es que lo hacen bajo subterfugios legales -porque no piden el voto y no hacen promesas de campaña-, pero particularmente adelantan los tiempos de un proceso electoral que ni siquiera ha iniciado, además de generar un agente distractor (en agravio del gobierno en turno) y evidencia un dispendio de recursos que, construye de facto, candidaturas comprometidas con el poder político y económico que las respalda.
En la entidad mexiquense, se ha vuelto casi una tradición, que una vez transcurrida la elección intermedia se comience a especular con la sucesión gubernamental; lo cual ocurre hasta dos años antes de la contienda electoral; y alienta la promoción personal de quienes aspiran al ascenso del poder.
La ley electoral parece un traje a la medida para hacer ganar a quien hace la trampa sin ser sorprendido, o bien, quien interpreta las normas electorales a su conveniencia para agruparse y promocionarse, sin que sea un delincuente electoral, porque las lagunas reglamentarias son usadas por todas y todos.
En la opinión pública mexiquense, desde el pasado mes de enero, emergieron una decena de nombres, de quienes creen tener merecimientos en la sucesión del priísta, Alfredo Del Mazo, cuyo listado se ha ido reduciendo en la medida de que algunos partidos políticos han tomado definiciones anticipadas; o bien, porque las reglas no escritas, dan señales del soplar de los vientos.
A la fecha, Del Moral, Ana Lilia, Laura, Vargas (no el de la película de la Ley de Herodes), Couttolenc, Delfina y Zepeda han llegado a la recta final; aunque muy posiblemente solamente tres aparezcan en la boleta electoral del 4 de junio.
Lo que sobresale son las artimañas que han encontrado para posicionarse en una especie de precampaña electoral, sin serlo formalmente, mediante la colocación de espectaculares, pinta de bardas, giras de trabajo, encuentros con su militancia, aparición desmesurada en medios y hasta el uso redes sociales en un proselitismo disfrazado que sólo atrae las miradas de la clase política.
Este escenario de campañas anticipadas es alentado y permitido por todos. Los aspirantes, por delante, que replican estrategias y acciones para promoverse; la clase gobernante, al generar vacíos de poder que son ocupados en el espectro territorial y mediático por los suspirantes; la autoridad electoral, que todavía no ha iniciado el partido para arbitrarlo; y los dirigentes partidistas que buscan la notoriedad de su trabajo político ante la proximidad electoral.
Sin embargo, cuando faltan seis meses para las campañas electorales, los aspirantes a la gubernatura parece que han agotado ya todas las fórmulas de activismo al votante. Han delineado su storytelling para conmover a sus simpatizantes; han andado en bicicleta y han plantado arbolitos para hacerse pasar como parte de su vecindario; han otorgado sinfín de entrevistas para hablar mal del contrario, y hacer del autoelogio su mejor carta de presentación.
Más importante aún, han tapizado el espacio público con su imagen y su nombre hasta el hartazgo; y es ahí, donde el votante construye su decisión, porque lo distancia de las urnas, y el abstencionismo termina por definir resultados.
Hoy la preocupación debería concentrarse en el año que le resta al sexenio. Para futuras elecciones no se puede, no se debe permitir la desmesurada promoción de aspirantes cuando no son los tiempos ni las formas; aunque los partidos y los candidatos hagan todo para impulsar sus ambiciones de poder. Lo que ocurre hoy debería ser no sólo inadmisible, también raya en la ilegalidad.
La tenebra
Si tanto les gusta el poder, el encargo que ocupan, que terminen su periodo de senadores, de alcaldes o de diputados; y que no se haga uso del despacho (ni de recursos económicos, materiales o humanos) para acarrear simpatías electorales.
