A un año de que Delfina Gómez asumió la gubernatura del Estado de México coincide con la entrada en funciones de una nueva Legislatura local, que representa el brazo articulador del cambio de régimen político. También debe ser el freno y el contrapeso de las minorías legislativas que han contendido en las más recientes elecciones como un bloque opositor al partido en el poder.

Morena se ha reivindicado por tercera Legislatura consecutiva como la primera fuerza política de la entidad. Sin embargo, tiene la obligación institucional de modificar legalmente el marco estructural de un gobierno obsoleto. A lo largo de los últimos veinte años, la izquierda ha señalado la incapacidad gubernamental para hacer frente a los desafíos estructurales; y hoy se vuelve prioritario hacerlo posible con una articulación de acciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Los cambios legales deben trascender a la agenda legislativa nacional que representa una reforma al Poder Judicial, o bien, la desaparición de órganos autónomos. Estamos llenos de diagnósticos, que hoy requieren de resultados.

Aquí, la izquierda -debe entender la particularidad del Estado de México- y sostener lo que ha propuesto durante las últimas décadas con cambios al Issemym, a la UAEMex, a la estructura de los Ayuntamientos, a las estrategias por combatir la delincuencia, la corrupción, la pobreza, la desigualdad. Morena deberá renunciar al gatopardismo de la alternancia electoral.

Delfina Gómez deberá demostrar su respeto por la división de poderes; y evitar la tentación de las facultades metalegales para incidir en la toma de decisiones del Congreso local. Lo mismo está obligado para los miembros de su gabinete.

Los primeros doce meses del ejercicio del poder han transcurrido entre una curva de aprendizaje de mandos medios y superiores, y el cálculo político de cambios estructurales en medio de un año electoral. Superadas ambas coyunturas, y con la mayoría calificada en el Congreso local, no hay pretextos para la omisión.

Desde la oposición, a pesar de su reducida presencia legislativa, se vuelve imprescindible funcionar como una oposición que conecte con los votantes que sienten elementos de identificación ideológica con sus causas políticas.

El Estado de México, sería un buen laboratorio político para demostrarse que los mexiquenses merecen una mejor oposición que la enarbolada por Alejandro Moreno y Marko Cortés, recurrente de lugares comunes para denostar al gobierno en turno que no plantean un plan de gobierno ni tampoco una agenda legislativa de interés, y estigmatizada por sus escándalos personales.

Morena y sus aliados deben evitar la tentación de avasallar a sus adversarios, y de ser la llamada oficialía de partes para la gubernatura en funciones. La oposición, debe asumir un papel de contrapeso, antes de claudicar para beneficio de las componendas políticas que suponen sus intereses particulares.

Por ahora, todo es festividad y un anuncio de una agenda legislativa que parece conducir al Estado de México a convertirse en la próxima Dinamarca. Sin embargo, dentro de muy poco, el golpe de realidad reflejará que solamente un puñado de diputados se concentrará de las tareas parlamentarias, mientras el resto sigue las directrices de sus fracciones legislativas.

Desde ambas aceras legislativas. El bloque oficialista y las minorías opositoras están obligadas a romper con las ataduras hacia las burocracias partidistas, y conectar con su electorado. No es suficiente con discursos de autoelogio, en donde los únicos que ganan son las élites políticas.

La tenebra

Luis Miranda Barrera y Mariano Camacho representan a la dinastocracia en el nuevo entramado legislativo federal y local, pero en algo pueden presumir que son diferentes a sus progenitores: ellos sí ganan elecciones.