Francisco Ledesma / Una democracia apegada a la opacidad
Los partidos políticos, sin distinción ideológica, desde el oficialismo hasta la oposición, mantienen procesos internos con un denominador común: son, en esencia, el subterfugio de una precampaña electoral caracterizada por la opacidad de sus convocatorias, registros, mecanismos de selección y designaciones de quienes se convertirán en candidatos a alcaldes y diputados federales o locales. Todo ello bajo una discrecionalidad que poco tiene de democrática.
Desde distintos frentes, en las últimas semanas hemos observado que los partidos están resueltos a elegir o designar a sus respectivos defensores de la soberanía, de México, de la patria y la familia, o del medio ambiente. Sin embargo, pocos podrían superar el tamiz de la transparencia y la rendición de cuentas sobre sus procesos internos y la eventual selección de candidaturas.
En julio, el PRI presentó en un evento masivo a sus defensores de México. En agosto, el PAN lanzó su convocatoria para elegir a sus defensores de la patria y la familia en 12 municipios prioritarios. En octubre, Morena publicó la convocatoria para registrar a sus aspirantes a defensores de la transformación. Y hace apenas una semana, el PVEM tomó protesta a sus defensores ambientales.
A la fecha, no existe información pública suficiente para conocer los nombres de las personas inscritas o designadas en cada uno de estos procesos. Se les presenta como mecanismos de coordinación territorial, pero en los hechos constituyen una forma anticipada de posicionar perfiles y construir las futuras candidaturas electorales.
Si nadie conoce con claridad quiénes son los defensores morenistas, priistas, panistas y ecologistas, tampoco existe certeza sobre las reglas que determinarán quiénes llegarán finalmente a las boletas. La discrecionalidad se convierte así en una constante de la competencia interna.
En Morena, por ejemplo, las encuestas no se han hecho públicas para conocer sus metodologías, criterios de evaluación o resultados desagregados. Para esta ocasión tampoco se advierte un cambio en esa práctica. En el PAN, la reciente designación de Enrique Vargas en Huixquilucan, obedece más a su ascendencia política con la dirigencia nacional, por encima de una metodología técnica, mucho menos a un proceso democrático de competencia interna. En el PVEM se habla de un sistema de selección cuyos procedimientos no se han transparentado, mientras los defensores ya cuentan con nombramiento en mano. Y en el PRI, antes como ahora, los acuerdos cupulares siguen siendo un factor determinante en la definición de candidaturas.
Hay, además, una variable que los partidos parecen subestimar: quienes no resulten postulados, después de participar en procesos sin reglas suficientemente claras, tendrán incentivos para buscar una oferta electoral distinta. La inconformidad interna puede convertirse en una ruptura y, eventualmente, en una candidatura bajo otras siglas.
Los partidos están adelantando la disputa por las candidaturas, pero no necesariamente están construyendo lealtades duraderas. Pretenden ordenar a sus cuadros, medir su capacidad territorial y mantenerlos dentro de una estructura, sin ofrecer garantías de que las decisiones finales responderán a procedimientos verificables.
En política, las lealtades suelen durar mientras existan incentivos para conservarlas. Y el problema para los partidos no termina con la designación de sus candidatos: incluso quienes ganen una elección bajo sus siglas no tienen garantizada su permanencia en esa organización política.
Al final, los partidos pueden reservarse el derecho de elegir a sus candidatos, pero no pueden controlar a quienes, después de haber sido utilizados para construir su oferta electoral, decidan buscar el poder desde otra trinchera.
