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El Manual de Maquiavelo

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El linchamiento oficialista

Francisco Ledesma

A lo largo del sexenio calderonista, las emisiones radiales de mayor credibilidad y audiencia, conducidos por José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, han sido presa de coacciones oficiales y que en su momento evidenciaron la molestia gubernamental a la crítica aguda. Ambos también fueron víctimas del “linchamiento” oficialista por parte de sus pares, para legitimar la andanada y las presiones en contra de los periodistas.

A raíz de la expropiación hecha por el gobierno de Felipe Calderón sobre la banda del 2.5 Ghz, los medios –que tradicionalmente legitiman el poder- han arremetido en contra del empresario Joaquín Vargas y de la periodista Carmen Aristegui. La administración panista que ha mostrado su proclividad a la censura, ha usado otros medios, para lanzar culpas de que la desaparición de Monitor, el despido de Aristegui y el “rescate” de la banda 2.5 son producto de malas decisiones empresariales.

En su momento, Gutiérrez Vivó fue acusado de ser un mal administrador, a pesar de tener en el mercado más de 30 años con su Monitor. Mientras que se dijo que al Grupo Radio Centro nada se le podía exigir, ni siquiera acatar la resolución judicial de pagar 21 millones de dólares, que en reciente fecha se ha ratificado en la última instancia judicial para que el consorcio de los Aguirre pague un monto de 35 millones de dólares al dueño de Monitor.

El linchamiento alcanzó hasta para arremeter en contra de la colección de autos antiguos del conductor del noticiero matutino. Y la puntilla vino cuando las complicaciones financieras impidieron a Vivó cumplir con sus responsabilidades laborales, lo que significó gasolina pura que nutrieron los ataques contra el periodista en los tiempos más aciagos de su noticiero.

Hoy, el esquema se repite. A Vargas lo tildan de timorato, tibio y hasta de priísta. Le han achacado ya que detrás de su lucha, y de sus actos se encuentra el interés supremo y poder económico de Carlos Slim. Han dicho que el empresario acusa, sin pruebas, los presuntos chantajes del gobierno calderonista para cesar a Carmen Aristegui a cambio de refrendar la concesión de la banda del 2.5, en imputaciones sistemáticas en su contra.

Pero también sin pruebas, se han lanzado contra Vargas para señalar que trabajó para la campaña electoral de Francisco Labastida. Lastimosamente han argumentado que la alianza Vargas – Slim fortalece la concentración del poder de la telefonía móvil y celular a través de cooptar la banda del 2.5, pero ocultan que su “rescate” favorece al duopolio televisivo.

La arremetida contra Aristegui ha sido, irónicamente, sin concesiones. Desde conflictiva hasta vincularla con López Obrador. Politizar al periodismo parece la línea más fácil y delgada para descalificar el ejercicio de la libertad de expresión, sin que se tengan argumentos para lanzar señalamientos cuyo único objetivo es demeritar el trabajo periodístico de Aristegui.

Lo que está en juego, sin embargo, está más allá del refrendo de la concesión a la banda en disputa. Lo que está en vilo es que el poder formal tenga –a partir de la discrecionalidad- el margen de maniobra para hacer palidecer a una oferta distinta a la concentración mediática. Lo hizo ayer, cuando favoreció al Grupo Radio Centro y desplazó a Monitor. Y está a un palmo de repetirlo, por circunstancia de un capricho y la incomodidad que les representa Aristegui.

Rescatar la banda del 2.5 Ghz, implica favorecer la concentración de poder, atenta contra la democratización de los medios, limita el derecho de información de la ciudadanía, desnuda la operación discrecional sobre las concesiones, y el tufo autoritario de los poderes formales.

Alejandra Sota, vocera presidencial, arguye que se rescata una concesión que es de todos los mexicanos. Pero omite decir que se la arrebata al único competidor y se deja la cancha abierta para la concentración televisiva.

 

La tenebra

La agenda legislativa de los próximos cuatro meses ya está puesta: Anticorrupción; Transparencia y Propaganda en Medios. La propaganda y su regulación es parte fundamental de avanzar en democratizar los medios.

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