Dra. en D. Karla Isabel Colín Maya**
El 20 de marzo se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en cumplimiento a la
reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 que, en materia de
simplificación orgánica desapareció siete órganos constitucionales autónomos,
entre ellos el INAI.
Ante esto, surge la gran
incógnita, ¿Dónde quedó la transparencia a nivel federal? Y es que, al dejar de
existir constitucionalmente el órgano garante, en la nueva ley, donde antes se
refería al INAI, ahora solo se refiere a que “las autoridades garantes” tendrán
en sus ámbitos de competencia, la responsabilidad de garantizar el derecho de
acceso a la información pública y la protección de datos personales.
En consecuencia, nace
otra incógnita: ¿cuáles son esos ámbitos de competencia? Incertidumbre
que se suma a que, para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades
garantes tendrán la naturaleza, adscripción y estructura administrativa que se
establezcan en sus reglamentos interiores. Pareciera entonces que las dudas no
encuentran un final.
Por lo que, para saber
realmente ¿dónde quedó la transparencia? es necesario voltear a ver el DOF del
21 de marzo, en el que se publicaron las disposiciones secundarias que dan
respuesta a esta interrogante:
·
Reglamento
Interior de Transparencia para el Pueblo
·
Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación
·
Reformas,
adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Reglamento Interior de
la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Y así, ¡finalmente la
encontramos! La transparencia quedó en un ente denominado Transparencia para el Pueblo, el
cual se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, dotado de autonomía técnica y operativa.
Dicho sea de paso, el derecho a la protección de datos personales quedó en
manos de la super Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Por lo que respecta a
los mexiquenses dos aspectos de la nueva ley son los que más deben importarnos:
·
Que
las Autoridades garantes locales podrán prever que su estructura sea similar a
la de la Autoridad garante federal y;
·
Que
hasta en tanto las legislaturas de las entidades federativas, emitan
legislación para armonizar su marco jurídico, los organismos garantes locales
continuarán operando.
Eso significa que, ante
la inminente reforma local que impactará en el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, tendremos dos posibles escenarios:
·
El
fácil y rapidito, adoptar el modelo federal y crear nuestro propio “Transparencia
para el Pueblo” como órgano autónomo desconcentrado de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado;
·
O
bien, aprender de la experiencia federal y hacerlo mejor. Lo que revela la
posibilidad de que el INFOEM quede integrado al Congreso local bajo una figura
similar al Órgano Superior de Fiscalización; sin ignorar que también podrían
incorporarlo al propio OSFEM.
Lo cierto es que, el
INFOEM tiene presupuesto para operar todo el 2025 y que tenemos 90 días
contados a partir del 21 de marzo para armonizar el marco jurídico que defina no
solo el destino del INFOEM como institución, sino el destino de la
transparencia como derecho. Y ya sea desde una oficina o de otra, este derecho se
tiene que garantizar. Además, el escenario que venga tiene que ser mejor que el
modelo existente, ya que el principio de progresividad de los derechos humanos
constriñe a las instituciones a que la protección de los derechos debe
ampliarse gradualmente, y no reducirse.
Ya por último, recordemos
que “a mayor información menor será el riesgo de corrupción”, y en estos
momentos no estamos como para darnos el lujo de brillar, precisamente por
nuestra opacidad.
#AhíSeLosDejoDeTarea
#HablemosDeCorrupción #KarlaColín @KarlaColinM
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testigo de un hecho de corrupción en el Estado de México, ingresa al Sistema de
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