En la víspera del tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto enfrenta un desgaste natural de su mandato, obligado a establecer un relanzamiento de su gestión pública, encaminado a recuperar la confianza ciudadana, y la posibilidad de recobrar el denominado Mexican Moment que marcó el arranque de la gestión peñista.
La semana anterior, se formularon una serie de cambios en su gabinete, como parte de una exigencia por ajustar lo necesario y lo urgente, los cuales hasta ahora son insuficientes para pensar en que serán la panacea de una etapa renovada de su gobierno. Muy por el contrario, se trató meramente de enroques que en los escenarios políticos más futuristas encierran una ruta por la sucesión presidencial del 2018.
En una circunstancia natural, el gobierno de Peña Nieto tiene el desafío de un relanzamiento singular de las políticas públicas y las reformas estructurales que permitan obtener resultados tangibles de una mejora en el escenario actual.
En los primeros dos años de su mandato, el gobierno de la República emprendió las reformas estructurales, que hoy son ampliamente cuestionadas por su falta de eficacia o aplicabilidad.
El desprestigio político de actual gobierno, además, está relacionado con crisis vinculadas con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los escándalos inmobiliarios de la familia presidencial y el gabinete federal, la masacre de presuntos criminales por parte de elementos militares en Tlatlaya, que han marcado negativamente los últimos doce meses de la administración peñista.
La reforma energética ha sido un fracaso derivado de las condiciones internacionales del petróleo. La reforma fiscal ha sido recesiva y lacerado las posibilidades de crecimiento económico para los empresarios. La reforma educativa ha enfrentado profundas resistencias del magisterio y se ha limitado a un ajuste administrativo por encima de lo estructural o lo académico.
Lejos han quedado los tiempos de la pleitesía al presidente, y hasta ahora, la rendición de cuentas es un formato rebasado, enmarcado por un equilibrio de poderes incapaz de generar cambios en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
En una democracia en que se han privilegiado los consensos legislativos, para esquemas como el Pacto por México, se hace obligatorio que los legisladores asuman una postura de mayor proposición, que deriven más allá de cuestionamientos discursivos y que se reflejen en un diálogo de gran alcance por recomponer los aspectos más sustanciales y preocupantes del país.
El presidente Enrique Peña Nieto alista su tercer informe de gobierno, en donde se espera un pronunciamiento discursivo, que posicione las prioridades de su administración para el segundo tramo de su mandato.
En este nuevo relanzamiento institucional deberá instrumentar una aplicación eficaz de las reformas estructurales o sus respectivas adecuaciones legales, aunado a dar respuestas asequibles a las crisis políticas que han puesto en declive la imagen institucional del gobierno peñista entre Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca.
En general, el gobierno peñista requiere de una postura autocrítica, que permita reconocer los avances, los retrocesos, los logros y los errores de la actual administración, que a tres años de su mandato ha incumplido las amplias expectativas generadas durante la campaña presidencial, y que deben reencausar los objetivos de un gobierno por apuntalar su proyecto político y recobrar la confianza social.
