Toluca, Edomex. 30 de marzo de 2015.- La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral ratificó el resolutivo en contra del gobernador Eruviel Ávila Villegas que determinó una promoción ilegal del tercer informe de labores, sin embargo, no es la primera ocasión en que un gobernador mexiquense se encuentra inmerso en la opacidad y la controversia de por su propaganda, en su afán por la promoción personalizada de su imagen.
A partir de la derrota del PRI en la elección presidencial del año 2000, los gobernadores se erigieron en virreyes de sus territorios y explotaron al máximo la promoción personal de su gobiernos. En el caso particular del Estado de México, el entonces gobernador Arturo Montiel adquirió una notoriedad única, de la mano de su promoción personal, particularmente en la televisión, pero fue también la televisión la que derrumbó sus sueños presidenciales.
No obstante, lo que permaneció en el imaginario fue el siempre oneroso gasto que destinó Montiel en su aspiración electoral por lograr la nominación priísta a la primera magistratura del país. Y ya en la sucesión de su gubernatura, hubo sospecha de triangular recursos para financiar las campañas de promoción de su gobierno, la de credencialización del PRI mexiquense, el proselitismo de Enrique Peña como candidato a gobernador y la propia de Arturo Montiel por la candidatura presidencial priísta, algo que sin embargo, nunca se pudo comprobar.
No obstante, desde entonces y pese a los intentos por conocer los contratos del gobierno del Estado de México con los medios de comunicación, los documentos fueron clasificados en reserva por involucrar a particulares.
Con el gobernador Enrique Peña Nieto las circunstancias no variaron un ápice. Los contratos originales nunca fueron dados a conocer, y los órganos de transparencia se limitaban a dar a conocer presupuestos de los recursos financieros destinados para la promoción personal del mandatario en turno. La opacidad distinguió los recursos que permitían a Peña Nieto aparecer cada noche en el noticiero estelar de Televisa, ya fuera en coberturas noticiosas o a manera de “gacetillas”, que se presentaban entre corte y corte.
Tanta fue la promoción de Enrique Peña, que su rival en la interna priísta, Manlio Fabio Beltrones, diseñó una reforma electoral que prohibía la promoción personal de los gobernantes. La medida, obligó a Peña Nieto a idear una distinta forma de propaganda que derivó en la contratación de Angélica Rivera como la vocera de sus logros, y que más tarde se convertiría en el idilio del sexenio, de la política nacional y de la prensa rosa. La propaganda de Peña Nieto, llevaba el mismo objetivo que la montielista, con un solo distingo: Enrique sí llegó a ser Presidente de México.
Hoy, Eruviel apuesta a la misma promoción personal. La sanción del INE exhibe a Ávila con la misma ambición política que tuvieron sus antecesores, a pesar de que el gobernador en turno busca exculparse y responsabilizar a las televisoras de su propaganda a nivel nacional.
Ávila parece recorrer la misma ruta que antes caminaron Montiel y Peña Nieto en búsqueda de su posicionamiento electoral cuando faltan tres años para la elección presidencial. Los hombres que asesoran a Eruviel están convencidos en que pueden llevar a cabo la misma ecuación del atlacomulquense para llegar a Los Pinos.
Pese a ello, siguen en la opacidad los contratos firmados por el gobierno de Eruviel y los recursos financieros destinados para esa promoción, con la posibilidad de que algunas telenovelas se graben en territorio mexiquense, y que su mandatario aparezca todas las noches como noticia nacional, en un subterfugio informativo que tiene como finalidad su promoción personal.
Las aspiraciones personales de Eruviel Ávila pueden ser muy legítimas pero lo que sí debe exigírsele es su respeto a la ley y al uso eficiente y transparente de los recursos financieros destinados a la propaganda gubernamental.