La semana que inicia, el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su cuarto informe de gobierno, que representa dos tercios de su mandato cuando sus niveles de aprobación se registran por debajo del 30 por ciento; y su capital político parece agotado tras 45 meses de haber asumido la primera magistratura del país.
El peñismo navegó los primeros 24 meses de su gobierno bajo el discurso de reformas estructurales que cambiarían el futuro de las nuevas generaciones, sin que hasta ahora se hayan reflejado resultados tangibles que demuestren su eficacia y muy por el contrario, se han agravado las condiciones económicas y de seguridad que se pretendían superar respecto de la administración anterior.
La credibilidad institucional ha sido arrastrada producto de severas crisis políticas que han implicado un lastre profundo para perjuicio de la clase gobernante del Estado de México, ya sea por su impericia, ineficacia, ineptitud, negligencia u omisión frente a los problemas que el país atraviesa día a día.
De la misma forma en que Felipe Calderón se enfrascó en la defensa permanente de su estrategia en materia de seguridad, el gobierno peñista parece extraviado en la necesidad por argumentar la importancia de las reformas estructurales, sin que ello le permita recuperar la legitimidad perdida en el camino para lograr su aprobación mayoritaria entre las distintas fuerzas políticas involucradas.
Por si fuera poco, gran parte del debate que involucra a la élite política se desarrolla en la rampante corrupción de gobernantes que logran un enriquecimiento dudoso e inexplicable al amparo del poder público. En el combate a la corrupción sobran las disculpas pero han faltado las acciones determinantes para castigar las conductas irregulares y alentar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Las reformas estructurales son en el debate, un severo fracaso institucional del gobierno en turno. Hoy, las condiciones de vida de la población no son mejores desde su percepción respecto de hace cuatro años; mientras que la promesa de que el priísmo era apostar por una clase política con la experiencia para conducir la navegación incierta del país ha sido cuestionada sostenidamente por magros resultados en materia económica, política, social y hasta deportiva.
La energética no cumplió con precios más competitivos, en tanto que los precios de los combustibles registran un alza en los últimos meses; la fiscal o hacendaria no logró una mayor eficiencia en la recaudación tributaria para beneficio de las finanzas públicas; la de telecomunicaciones no garantizó un mejor servicio en telefonía, televisión e internet; mientras que la educativa significó abrir la puerta a un conflicto social que desnuda de cuerpo entero a un gobierno incapaz de encontrar soluciones mediante el diálogo y el consenso.
A casi cuatro años de gobierno, el presidente Peña Nieto ha determinado mantener su ejercicio de gobierno con su círculo más cercano, incluido un grupo abundante de mexiquenses, y una política de comunicación personalizada que refleja una figura presidencial abandonada sin que exista un gabinete que salga en defensa de su toma de decisiones.
Los niveles de deslegitimación del gobierno peñista son tan amplios como crecientes, sin que exista una estrategia para cambiar el debate hacia temas en que la actual administración federal salga mejor evaluado y sin capacidad para defender o argumentar los asuntos en que la percepción es altamente negativa.
