El próximo 1º de diciembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto cumplirá oficialmente cuatro años de gestión, sumido en una profunda desaprobación ciudadana y un inconmensurable descontento social. Las amplias expectativas -alentadas por el regreso del priísmo en ciertos sectores de la población, acompañado de una supuesta nueva generación de políticos-, no sólo han quedado incumplidas e insatisfechas sino que han revertido el ánimo colectivo hacia la clase política instalada en el poder presidencial.
A cuatro años de distancia, los niveles de inseguridad no se han reducido. La guerra heredada del calderonismo hoy no ha sido superada. En esencia, lo que ha ocurrido es un silenciamiento mediático, pero en algunas zonas del país, los índices de homicidios dolosos se han mantenido o incluso incrementado. Una de las promesas por recuperar la paz social queda como una asignatura pendiente.
Hace cuatro años, la economía familiar no había tocado fondo con todo y la crisis mundial del año 2009. Hoy, la economía representa la principal preocupación de los mexicanos. El dólar ha cimbrado al peso, y eso ha generado un impacto inflacionario. Las condiciones financieras han sido vulnerables en los últimos cuatro años, y no existen escenarios alentadores para los 24 meses que le restan al peñismo que ha perdido la brújula de la aceptación social.
En los primeros dos años de su gobierno, el peñismo presumió su amplia capacidad política para aprobar once reformas estructurales. Pero tras septiembre de 2014, vino una crisis tras otra, que lo han desdibujado como el activo político más popular de las últimas dos décadas para su partido.
Primero fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa; luego vino la revelación de la Casa Blanca, propiedad de la familia presidencial; y le siguió la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En una y otra crisis, se puso de manifiesto a un gobierno incapaz de manejar y controlar los daños de escándalos políticos, inconformidades sociales y turbulencias económicas.
Por si fuera poco, una sucesión presidencial adelantada ha ocupado vacíos de su mandato y le ha arrebatado el control político en la cumbre del poder que representa el cuarto año de gobierno.
El peñismo parece haber agotado el tiempo de su gobernabilidad. En lo pragmático tiene por delante la necesidad de ungir al candidato priísta a la gubernatura del Estado de México, su tierra natal, último reducto del priísmo, y donde Peña Nieto deberá exiliarse al término de su sexenio. Ganar el Estado de México no sólo implica sostener un bastión priísta por antonomasia sino un enclave necesario para la elección presidencial del año 2018.
En un plazo de doce meses, Peña Nieto deberá allanar el camino para su delfín dentro del priísmo que pretenda sucederlo en Los Pinos. Con las preferencias cuesta arriba, en donde el partido en el poder aparece en el tercer lugar de las encuestas, el peñismo difícilmente renunciará a retener el poder como una premisa elemental de todo partido político.
La agenda de gobierno ha culminado para dar entrada a una agenda electoral vertiginosa, en la que el priísmo enfrentará un defecto Peña, caracterizado por los aspectos negativos de la desaprobación que enfrenta su investidura presidencial y su gobierno, identificados con la ineficacia, la corrupción, la incapacidad, la inoperancia y la inexperiencia.
