El pronunciamiento realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México la semana pasada a la legislatura estatal, para que legislen a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, manifiesta no sólo el incumplimiento a una resolución del máximo tribunal del país sino la intolerancia hacia grupos vulnerables y la falta de inclusión social para un sector de la población que exige y merece el reconocimiento de sus garantías individuales.
Ha pasado más de un año, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la necesidad que el Estado de México otorgará los derechos a las personas del mismo sexo para contraer un matrimonio, mismo periodo en el que dos legislaturas distintas han sido omisas para atender un asunto que contempla el respeto a la pluralidad de la que se compone la sociedad mexiquense.
Aun cuando el gobernador Eruviel Ávila atendió la necesidad de modificar el Código Civil del Estado de México, en el fondo sólo parece un acto de simulación, en la medida en que ante la sistemática validación que hacen los diputados locales de toda iniciativa del mandatario mexiquense, en la imperiosa urgencia de validar los matrimonios para personas del mismo sexo, la iniciativa no ha avanzado y ha quedado en la congeladora durante meses.
La actitud asumida por los legisladores estatales refleja un acto de conservadurismo, para atender la opinión mayoritaria de la sociedad mexiquense que se opone a dicha posibilidad; sin embargo, en el reclamo de un ambiente democrático, los diputados tienen la obligación por dar respuesta a los reclamos de una sociedad progresista, pero particularmente a favor de las minorías, en el que la orientación sexual no se convierta en un factor de marginación, exclusión o segregación en el entramado jurídico de la entidad.
Los derechos humanos no se limitan a su otorgamiento, sino a partir de la reforma constitucional del 2010 profundizan sobre su reconocimiento. En esa medida, ningún mexicano puede ser aislado del pleno goce de sus derechos por motivo de un instrumento jurídico insuficiente y retrógrada.
En esencia, la omisión o negligencia en que han incurrido los diputados locales al no legislar sobre los matrimonios del mismo sexo no puede ser un asunto exclusivo del Poder Legislativo, y en el que el Poder Ejecutivo también debe asumir su responsabilidad para dar cumplimiento a la resolución del máximo tribunal del país y poner a la vanguardia al Estado de México.
Todos los partidos sin distingo, han sido omisos, aun cuando por separado las fracciones del PRD y del PT presentaron sus respectivas iniciativas en la pasada legislatura para adecuar el Código Civil, pues a la fecha no han generado una presión necesaria desde una postura ideológica y argumentos legislativos que les otorguen credibilidad, y sólo parece un artilugio clientelar por sumarse a un asunto de moda, más allá de las convicciones que les debieran motivar en su toma de decisiones como partidos de izquierda.
En resumen, la calidad de la democracia no puede encontrarse satisfecha en tanto que grupos vulnerables no han sido atendidos en un reclamo sustancial por el reconocimiento absoluto de sus derechos, y que a pesar de haber sido amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen al margen del entramado legal que regula las relaciones entre personas del mismo sexo.
