Tras la derrota priísta del pasado 5 de junio en 7 gubernaturas, el debate de la oposición se ha concentrado en forjar una alianza entre PAN y PRD que resulte competitiva y capaz de vencer a la estructura inconmensurable del PRI mexiquense, que se ha mantenido en el poder político durante más de 80 años.
En el argumento más pragmático, el partido en el poder ha comenzado a influir en las columnas oficialistas para plantear un cuestionamiento sistemático: la insostenible coalición entre dos partidos que ideológicamente son antagónicos e incompatibles, y por tanto incapaces de concitar un proyecto de gobierno.
El razonamiento es insuficiente, si se ponderan los resultados de los comicios de 2010 y 2016, donde la alianza PAN y PRD han triunfado frente al PRI en estados que hasta antes de la coalición opositora eran absolutos bastiones electorales.
En el Estado de México, la posible alianza entre panistas y perredistas colapsó para 2011 en tres diferentes momentos. En primer lugar, vino la firma de un pacto secreto, respaldado por Peña Nieto y signado por su otrora poderoso secretario de gobierno Luis Miranda, para impedir la alianza, a lo que se habrían comprometido el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el dirigente nacional del PAN, César Nava.
En segundo sitio, desde la legislatura local, el legislador Adrián Fuentes -hoy un discreto y desdibujado secretario de Desarrollo Económico-, empujó una reforma electoral para impedir la figura de las candidaturas comunes, que pudo ser alternativa para promover por separado un mismo candidato, que en la suma de votos derrotara eventualmente al priísmo de Peña Nieto.
El tercer factor, fue que cuando la alianza opositora había encontrado candidato en la figura de Eruviel Ávila, ante el inminente ungimiento de Alfredo del Mazo Maza, vino un cambio de decisión y el ecatepense fue electo candidato priísta.
Hoy las condiciones han modificado, mientras PAN y PRD valoran por separado la conveniencia de competir aliados, para derrotar al Grupo Atlacomulco en una gubernatura que desconoce de alternancias políticas, en la víspera electoral de la sucesión presidencial del 2018, con un peñismo en caída libre de aceptación.
En tanto que PAN y PRD buscan los mecanismos para consolidar una candidatura sólida que haga viable su alianza opositora para el año entrante, el debate ciudadano debiera cuestionar las diferencias o bondades que han representado los gobiernos opositores a nivel municipal, donde proliferaron las alternancias políticas en las últimas dos décadas, junto con escándalos de corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, tráfico de influencias, y una clase gobernante desacreditada sin importar su filiación política.
Es decir, la ciudadanía parece tener escasas opciones que garanticen una clase gobernante ajena a las prácticas nocivas que hoy la tienen que las peores evaluaciones sociales y reprobadas en la aceptación social.
El futuro político para los votantes parece escasamente alentador, dominado por una élite política que se alista para el reparto del poder público y el cumplimiento de componendas, mediante estratagemas llevadas a procesos electorales que simulan una democracia ciudadana, pero dominada lastimosamente por una minoría que está acostumbrada al uso del poder para beneficio de sus propios intereses, sin distingo de ideologías, filias políticas o fobias partidistas.
