El conflicto de interés, puesto sobre la agenda pública la semana pasada por el gobernador Eruviel Ávila, representa una nueva apuesta de las instancias gubernamentales por abatir cualquier acto de corrupción.
Emprender una ley sobre el conflicto de interés pretende generar certidumbre de forma anticipada, frente a un régimen que hoy atraviesa por la sospecha de servidores públicos que otorgan contratos millonarios como favores personales, a empresarios que se vuelven consentidos, y que después, se ha evidenciado, se convierten en corredores de bienes raíces a favor de los políticos y sus familias.
No es la primera ocasión, en que desde el servicio público se busca abonar a la legitimidad del sistema político, para cuyos efectos antes se creó la Secretaría de la Contraloría, que se inauguró el salinato encabezada por Francisco Rojas, entonces conocido como “Paco Rejas”, y su réplica a través de las contralorías estatales, que son encabezadas por integrantes del propio sistema, sin confianza ni credibilidad.
Luego vinieron esfuerzos como la creación de la figura del “testigo social” para supervisar los procesos de licitación y adjudicación desarrollados por las instancias de gobierno. Más tarde se sumaron los órganos de transparencia y acceso a la información pública, que han resultado insuficientes, o han encontrado resquicios de opacidad por medio de la confidencialidad de expedientes a discrecionalidad del servicio público.
Pese a los intentos por eliminar la corrupción, el saldo es adverso para quienes ostentan el poder político, y de ahí deriva un nuevo intento por recuperar la credibilidad y la confianza en sus autoridades, a través de la declaración de interés que este lunes realizarán por primera ocasión servidores públicos del Estado de México, ante la sospecha de funcionarios que benefician a empresarios, y que resultan en reciprocidad, favorecidos en el manejo personal de sus finanzas y su patrimonio.
Lo cierto es que si los funcionarios públicos, políticos en lo particular, tuvieran un desempeño intachable, no existiría necesidad de poner e imponer candados sobre candados, intentos sobre intentos por supervisar el gasto público, evitar la corrupción, generar mayor transparencia, y fundamentalmente, lo que es una asignatura pendiente, eliminar cualquier caso de impunidad.
El nuevo esfuerzo por advertir conflictos de interés, está acompañado de una coyuntura política, vinculada con una sospecha del beneficio personal por parte de políticos vinculados al gabinete presidencial, pero su nueva regulación no necesariamente garantizará que termine la corrupción en los gobiernos ni por parte de sus políticos, aunque es cierto que para que exista un corruptor siempre se requiere un corrompido, y en esa suerte se ubica al sector privado: contratistas y proveedores.
Aunque aplaudible el nuevo esfuerzo emprendido por el gobernador Eruviel Ávila, en repetidas ocasiones este tipo de anuncios responden más a un posicionamiento mediático, por encima de consideraciones tangibles que reflejen vencer con el problema que hoy se advierte, como lo es la corrupción en un problema endémico en las instituciones públicas del país.
En los corrillos del poder, son extendidas las voces de empresarios que se quejan de corrupción en todos los niveles de gobierno, pero son pocas las que se atreven a denunciar por mantener sus negocios intactos y forman parte de esa corrupción, y en muchos casos de ese conflicto de interés.
Al país le falta mucho más que un nuevo esquema que pretenda prevenir conflictos de interés y posibles actos de corrupción, pero tampoco puede conformarse con aceptar el problema como un esquema cultural de los mexicanos, en tanto que se requiere terminar con la impunidad y castigar con severidad a los políticos corruptos.
Sin embargo, de las autoridades investigadoras hace falta autonomía, independencia y empoderamiento que les permita actuar con libertad, sin cálculos políticos ni conveniencias personales o de grupo.
Las cosas como están, representan por sí mismas un conflicto de interés, pues el contralor que se dispone a investigarlo es en esencia un súbdito más del gobernador en turno y parte del grupo político en el poder al que se pretende indagar.
