EDITORIAL (26-10-2015)
La ambición de poder evidenciada en la entrampada lucha por la presidencia municipal de Valle de Chalco pone de manifiesto como los intereses de grupo se sobreponen a los intereses de la sociedad en general. La clase política en su conjunto, abona a incrementar el descrédito que padece, a partir de actores políticos cuyo único propósito es la acumulación del poder político y la administración de la abundancia del dinero público.
Aunque militantes de un mismo partido político, Jesús Sánchez Isidoro y Fernando Ruiz Razo disputan asumir la alcaldía de Valle de Chalco por los próximos dos meses, cuando concluya la actual administración municipal. El componente principal de la pugna, se concentra en las diferencias internas que caracterizan al PRD mexiquense, a través de grupos políticos distintos, pero que dejan de lado los intereses de la población o los problemas comunes a los que está obligado dar respuesta un gobierno municipal.
En el colmo de la ambición por el poder, Jesús Sánchez Isidoro, es actualmente diputado local, cargo al que debió solicitar licencia en su intento por concluir su gestión como alcalde, puesto del que se separó en meses pasados para hacer campaña y asumir su curul en la legislatura mexiquense. Como un trapecio político, Sánchez Isidoro ha sido alcalde, diputado local y nuevamente alcalde en un periodo de ocho meses, mientras que en su horizonte próximo está retornar a la legislatura para el mes de enero.
Arropado por Alternativa Democrática Nacional (ADN) la tribu de mayor influencia en las estructuras del PRD del Estado de México, Jesús Sánchez Isidoro hace frente a la andanada que pretende instalar en la presidencia municipal a su suplente, Fernando Ruiz Razo, quien marcadamente representa los intereses del grupo rival, Nueva Izquierda (NI), en una ruptura que amenaza con colapsar no sólo la alcaldía de Valle de Chalco sino las estructuras internas del partido del sol azteca en la entidad.
En ese complejo entramado político, con consecuencias tangibles de afectación social, el gobierno del Estado de México se ha mantenido omiso en lo público pero displicente en lo privado. Desde la Secretaría General de Gobierno, José Manzur no se ha pronunciado sobre la necesidad de regresar la gobernabilidad a un municipio sin autoridad, pero en los subterfugios que ofrece la política ha operado lo suficiente para impulsar el ascenso al poder de Ruiz Razo, y apoyar a la segunda minoría perredista a su favor.
El interés del gobierno estatal y del PRI por influir en esa decisión no es casual. A pesar de que el PRD refrendó su triunfo en Valle de Chalco en las elecciones del pasado 7 de junio, el priísmo quedó en segundo lugar. La diferencia entre el primero y segundo es de apenas 183 sufragios. Frente a esa corta distancia, el PRI pelea en los tribunales una reversión de la victoria perredista, y pretende por interpósita persona tener injerencia a dos meses de que asuman sus encargos las nuevas presidencias municipales.
La élite gobernante detenta los mecanismos de acceso al poder, y en esa encrucijada por mantener la hegemonía entre los diversos grupos políticos, se menoscaban los intereses comunitarios o las prioridades sociales de un municipio caracterizado por la marginación, el atraso, la pobreza y otros problemas lacerantes que contrastan frente a los abusos y los excesos del poder público.
La fuerza de las instituciones a la que aluden insistentemente los políticos discursivamente está puesta en duda, mientras que la credibilidad en la política y los políticos se desmorona en función de sus acciones y actitudes.
