En el pasado reciente, el debate y principal descrédito de las autoridades gubernamentales se concentra en la prolífica corrupción que impera pese a la fortaleza institucional, cuya conducta lacera no sólo financiera sino moralmente a los gobernantes. En esa suerte, el gobierno del Estado de México ha sido acusado de una connivencia indebida con la empresa española OHL, encargada de construir el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense en condiciones ventajosas desde su licitación hasta su operación administrativa.
Luego de 18 meses de haber salido a la luz pública una serie de llamadas telefónicas que involucraban un conflicto de interés entre autoridades estatales y directivos de OHL, la actuación de la clase gobernante ha sido de decisiones tibias que incluso han supuesto la reinstalación de Apolinar Mena, quien abandonó la extinta secretaría de Comunicaciones para ocupar con posterioridad la secretaría técnica del gabinete, en esas componendas políticas que promueve el poder político para protección de la élite gobernante.
En la víspera, el Gobierno del Estado de México informó por medio de un comunicado de medios abultado de tecnicismos diversas inconsistencias por un monto de 300 millones de pesos dentro de la edificación, administración y operación del Viaducto Elevado Bicentenario, tras anunciar que será este lunes cuando se imponga una sanción a OHL México por esa actuación irregular.
De entrada, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha anticipado que el proceso licitatorio fue legal, sin favoritismos ni ventajas metalegales, lo que supone ya una exoneración al gobierno de su antecesor Enrique Peña, responsable de la obra del Viaducto Elevado Bicentenario a favor de la constructora española.
A pesar de la confesión explícita de los directivos de OHL, quienes manifestaron en llamadas telefónicas manejar sobreprecios en la construcción de la vialidad urbana; así como realizar un conteo irregular de los vehículos que transitaban por dicha obra para sacar mayores dividendos económicos, hasta ahora las conclusiones parecen haber detectado inconsistencias que no implican ni corrupción, ni conflicto de interés, ni tráfico de influencias.
En todo caso, las indagatorias financieras involucran meramente acciones de particulares, para exonerar anticipadamente las conductas en la que pudieron haber incurrido las autoridades gubernamentales, como otorgar información preferencial en el proceso de licitación, favorecer en la tramitología burocráticas o simplemente beneficiar a la empresa constructora en alguno de los procesos de construcción, administración y operación de las vialidades mencionadas.
Lo que prevalece es la opacidad en la relación existente entre la clase gobernante y empresarial tan acostumbrada a hacer negocios a costa del dinero público, en una normalidad de conductas que no por ser recurrentes pueden ser legales, ya que incurren en faltas por generar conflictos de interés o de corrupción.
En resumen, también impera una carencia de credibilidad en las instituciones gubernamentales manifiesta en que la investigación desarrollada en contra de OHL México debió realizarse por consultoras externas, sin embargo, no existen evidencias de que se haya investigado la conducta de las autoridades involucradas para imponer en su caso las sanciones correspondientes.
