El próximo miércoles, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas rendirá su cuarto informe de labores con una apuesta electoral por delante, y por encima del ejercicio democrático que debería representar la rendición de cuentas.
Deliberadamente, desde el año pasado el mandatario estatal haciendo uso de sus facultades metaconstitucionales ejerció sobre la legislatura mexiquense la presión suficiente para mover las fechas de su informe y no competir frente al presidente Enrique Peña Nieto en la coincidencia de sus respectivos informes de gobierno.
El subterfugio impuesto desde el Poder Legislativo tiene como intención final imponer al Poder Ejecutivo una agenda propia que le permita operar con un amplio margen de maniobra para la promoción personalizada de su imagen so pretexto del informe de gobierno antes descrito, y excepción única en la ley electoral que permite difundir acciones y obras bajo la denominación de los actores políticos.
En la víspera, tras las elecciones de junio pasado, han proliferado las encuestas anticipadas de una elección presidencial prevista hasta 2018, pero que ha generado amplias expectativas para diversos actores, incluido el propio gobernador Eruviel Ávila como uno de los posibles candidatos del PRI a suceder al atlacomulquense Enrique Peña Nieto, lo que supone el riesgo de perder de vista lo importante, lo urgente y lo necesario por atender en el Estado de México ante la posibilidad de instalarse en una carrera que inquieta ya a la clase gobernante del país, y particularmente a la mexiquense.
Más allá del informe de gobierno, y su criticado formato ejecutado desde una producción televisiva que desplaza la exigencia democrática de atender y escuchar a los diputados locales como parte del juego de pesos y contrapesos, también es cierto que no atiende su origen como una autocrítica reflexiva que permita reconocer al interior del gobierno sus avances y retrocesos, los casos de éxito y fracaso, así como las crisis políticas que ha enfrentado la administración eruvielista de los últimos doce meses.
A partir de la alternancia política experimentada en el país, la competencia electoral se ha anticipado en los comicios federales, estatales y municipales, inundado de precampañas permanentes que buscan el posicionamiento de los eventuales candidatos; así como del fortalecimiento y empoderamiento de los gobernadores del país, convertidos en “virreyes” de la política nacional bajo un liderazgo genuino que se ha ido debilitando con el regreso del PRI a Los Pinos y la reivindicación del presidencialismo.
En esa lógica, los gobernantes tienen una variada y profunda distracción de sus tareas y facultades por atender y trabajar por su futuro político. En el caso de Eruviel Ávila parece no ser la excepción, más aún cuando busca repetir la fórmula de su antecesor, que le permitió desde la palestra política del Estado de México promocionar su imagen a nivel nacional, posicionar su liderazgo al interior de su partido e impulsar su candidatura presidencial que logró consolidar el mito fundacional del Grupo Atlacomulco, erigido sobre el surgimiento de seis gobernadores originarios de ese municipio, de los cuales uno de ellos alcanzaría la primera magistratura del país.
Sin embargo, la proyección personal del gobernante en turno no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones sociopolíticas para el Estado de México, quien ha sido impulsor de al menos cuatro precandidaturas presidenciales en los últimos 30 años (Del Mazo, Chuayffet, Montiel y Peña), sin que ello implique situarse en la vanguardia de indicadores de gobernanza para la entidad mexiquense.
Por tanto, en la búsqueda de su candidatura presidencial, es tiempo oportuno para que Eruviel Ávila trabaje sobre una autocrítica de su gobierno y convierta su informe de labores en un ejercicio de diálogo como lo convoca su campaña televisiva y digital, lo que representa aceptar con tolerancia los asuntos pendientes, los prioritarios y los urgentes por encima de un acto reivindicatorio de su persona, de promoción encubierta en lo electoral y que incluso, vulnere de nueva cuenta, las reglas electorales de su difusión.
