La compra o coacción del voto sigue siendo uno de los grandes pendientes de cada elección en la incipiente democracia mexicana. A pesar de las enmiendas electorales surgidas en los últimos años, los partidos políticos sin distingo, siempre han encontrado subterfugios para corromper la legalidad y llevar a las urnas sus huestes por medio de lo que llaman movilización del electorado.
Frente a la trampa y la ilegalidad, siempre latentes y alimentadas por la sospecha, tan inherente al ADN de la clase política del país, algunos partidos han mostrado su rechazo a la permanencia de programas sociales instrumentados por el gobierno mexiquense en pleno proceso electoral, y en la víspera de los comicios del 7 de junio.
Sin embargo, el gobierno eruvielista, legitimado por la legislatura estatal donde mantiene una amplía hegemonía priísta, han validado que muchos programas sociales sigan en operación, lo que supone además el manejo de padrones de beneficiarios y la entrega de dádivas en pleno proceso donde los partidos políticos se encuentran en la búsqueda del voto.
Las leyes electorales tienen como premisa, la suspensión de programas sociales operados por todas las instancias de gobierno, para evitar cualquier uso ajeno o que favorezca al partido político en el poder; pero hoy el gobierno mexiquense está en posibilidad de ejecutar al menos 20 programas asistenciales -que no son prioritarios- en medio de la polémica por su uso discrecional.
El Instituto Electoral Estatal por su parte se ha declarado incompetente de pronunciarse en la suspensión de los programas sociales, pues el acuerdo tomado por la legislatura ya ha facultado al gobierno mexiquense la entrega del asistencialismo pleno, y por tanto, la observancia electoral parece una mera simulación, omisa, negligente y complaciente, a un gobierno que está en plena campaña a pesar de que las leyes se lo prohíben, y acuerdos al margen de ésta parecen rebasarla.
Lo lamentable, es que no se trata de una situación inherente a un partido político o de exclusividad reservada por algún nivel de gobierno, sino que muy por el contrario, la coacción y compra del voto, se evidencia como una circunstancia sistemática de todos los partidos en el poder, para conservar o ampliar sus espacios de gobernabilidad o dominio electoral.
Lo preocupante, es que no se trata de la primera ocasión en que el gobierno eruvielista se encuentra en observancia, escrutinio y hasta castigo por la supuesta violación a la ley electoral. Apenas el pasado sábado, el Instituto Nacional Electoral resolvió que la administración mexiquense que encabeza Eruviel Ávila, violó el Artículo 134 constitucional, por ejercer propaganda gubernamental bajo la promoción personalizada de servidores públicos, aun cuando el máximo ordenamiento electoral lo prohíbe.
Lucrar con la pobreza y las necesidades elementales de la población parecen subterfugios políticos en tiempos de campaña deleznables e indeseables, pero que no por ello han desaparecido del imaginario partidista, sólo por la pugna que representan los votos en cada elección. Mientras existan las mayores carencias entre la población, habrá partidos y gobiernos que busquen sacar provecho y renta político de ello.
Hasta ahora las leyes electorales que prohíben y castigan el uso de programas sociales con fines proselitistas resultan insuficientes, pues los mismos partidos que diseñan las normas son los responsables de violentarlas e incumplirlas en cada elección.
Más allá de que exista una coacción del voto, ya sea explícita o implícita, resulta insostenible que los gobiernos y partidos políticos, hagan del uso de programas sociales la herramienta para amenazar, convencer y obligar a la ciudadanía para votar por ellos, ante el descrédito, la desconfianza y el desgano, así como la falta de campañas electorales propositivas, proactivas y de involucramiento real hacia el elector, que alientan un creciente abstencionismo ciudadano.
