La autonomía de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de México nació fallida desde el momento en que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas decidió nominar al cargo de la nueva institución al actual procurador de justicia, Alejandro Gómez Sánchez, que responde a intereses políticos vinculados con la clase gobernante que despacha en Los Pinos, particularmente con el grupo de juristas de Alfredo Castillo, Humberto Castillejos y Raúl Cervantes, tres primos fervientes al servicio del Grupo Atlacomulco.
Alejandro Gómez Sánchez se ha hecho famoso por su frivolidad en festejos privados, sus conflictos internos con el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, y el despilfarro de recursos públicos para financiar sus hospedajes en hoteles de lujo de la capital mexiquense.
Poco se puede presumir en su actividad institucional, también involucrada en el escándalo, incluida la omisión de policías ministeriales en la gravísima y vergonzosa alteración de la escena del crimen en la matanza de Tlatlaya. La institución encabezada por Gómez Sánchez fue cómplice con las fuerzas castrenses de simular un enfrentamiento con presuntos delincuentes para encubrir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares.
Alejandro Gómez es el tradicional justiciero que utiliza las instituciones ministeriales para crear presos de conciencia. En su historial se registra el encarcelamiento de Ildefonso Zamora acusado de robo a casa habitación, cuando en realidad fue perseguido por su defensa permanente en contra de la tala clandestina en bosques del Estado de México y Morelos. Con la anuencia de Gómez Sánchez, el defensor ambientalista permaneció encarcelado nueve meses en el penal estatal de Tenancingo, sin prueba alguna y libertado por la presión ejercida por organizaciones defensoras de derechos humanos y luchadores sociales.
Desde hace nueve años, el mismo grupo político domina las estructuras institucionales con un alto margen de maniobra política hacia la procuraduría general de justicia del Estado de México, hoy convertida en Fiscalía General, y la designación de Gómez Sánchez, ratifica una condición que atenta contra la autonomía que se pretendió dotarle con el cambio de denominación y nuevo entramado legal.
Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Alejandro Gómez Sánchez conforman el mismo grupo político hoy encumbrado en el dominio jurídico del país, incluido el control de una institución sujeta a sus necesidades e intereses. Salvo una pausa, caracterizada por una grisácea gestión del hoy intento de dramaturgo, Miguel Ángel Contreras Nieto, desde el 2008 y hasta la fecha, la procuraduría de justicia mexiquense se encuentra sujeta a las decisiones del mismo equipo en el poder.
Pese a sus indeseables resultados, con la aprobación sin cortapisas por parte de la Legislatura mexiquense, se le ha firmado un «cheque en blanco» a Alejandro Gómez Sánchez como nuevo Fiscal General de Justicia.
Las condiciones en que se encuentra la desaparecida procuraduría mexiquense en la última década es responsabilidad de tres procuradores impresentables por la inverosímil investigación de la pequeña Paulette Gebara, fraguada para proteger a los responsables de su desaparición y muerte; la inmemorable fuga del multiviolador César Armando Librado Legorreta; y la inacabada indagatoria sobre la matanza de Tlatlaya a manos de impulsos militares.
El escenario es desolador ante la apatía de los legisladores mexiquenses y la anuencia de un gobernador que heredará a su sucesor un nuevo Fiscal de Justicia para los próximos siete años, sin muchos aciertos pero con grandes componendas con la cúpula del poder. El corolario parece inminente: la politización de la justicia y una inalcanzable autonomía para combatir la impunidad que tanto lacera a los mexiquenses.
