El modelo del régimen presidencial sobre el que se encuentra erigido el sistema político en el país, mantiene intacta la pretensión de algunos gobernadores por pretender influir en otros ámbitos de toma de decisiones como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos autónomos y demás organismos jurisdiccionales. La designación del priísta, Jorge Torres Rodríguez como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México (Tricaem), es muestra indubitable de una intención del gobernador Eruviel Ávila Villegas por detentar el control más allá de las facultades legales y su ambición por ejercer funciones metalegales mediante la imposición de hombres y mujeres cercanos a su margen de maniobra y a su grupo político.
La perniciosa propuesta de Jorge Torres -exalcalde de Ecatepec- para fungir por los próximos 10 años como magistrado del Tricaem, fue posible por la vergonzosa actitud del Poder Legislativo por avalar una designación que vulnera en absoluto la autonomía que exige dicho órgano jurisdiccional, concebido un “órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones”.
El ungimiento de Torres Rodríguez -identificado con el grupo político de Eruviel Ávila- pone en duda la independencia por “dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades con particulares”, avalado por la connivencia existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para imponer a una figura cercana a sus intereses y su ideología, en funciones de un órgano jurisdiccional de primer orden en defensa de los particulares frente a los gobiernos.
No sólo eso. La imposición de Torres Rodríguez también advierte un mero pago de favores, en el uso de las instituciones por mover a los hombres del poder como piezas de ajedrez, para posicionar al priísta como magistrado, que le garantizará un cargo público por los próximos diez años, y con ingresos superiores a los 100 mil pesos.
En el horizonte, parece que el gobernador en turno, observa en los órganos jurisdiccionales, autónomos e independientes, una especie de colocación de empleos para sus aliados, cuates y colaboradores, vulnerando la independencia que debería privar en dichas instituciones, que tanto se defienden desde los discursos oficialistas por hacer que prevalezca su statu quo frente a la disidencia social o desobediencia civil.
Por lacerante que parezca, no es la primera ocasión en que el gobernador en turno, Eruviel Ávila pretende interferir con la autonomía de un órgano jurisdiccional, pues apenas hace diez meses, bajo diversas componendas, se pretendió imponer como presidente del Poder Judicial a Marco Antonio Nava y Navas, un priísta con reconocida militancia y chata trayectoria jurisdiccional, en la supuesta autonomía que debería privilegiarse en la división de poderes concebida en ese mismo sistema político. Al final, la élite representada por los magistrados, decidieron elegir a uno de los suyos como su presidente, y evitar la andanada del Ejecutivo por dominarlo todo.
En el panorama final, Eruviel Ávila y sus antecesores, ejercen esas facultades metalegales ante la posibilidad que les otorga la inexistente división de poderes, y la connivencia de los actores políticos por legitimar al gobernador en turno.
La élite política persiste en los órganos de gobierno, incluidos los autónomos y los jurisdiccionales, para proteger sus intereses particulares o de grupo, y vulnerando palmo a palmo la confianza en las instituciones.
El grupo Ecatepec está de plácemes y resulta inocultable frente a la cooptación de posiciones políticas y cargos públicos por el resto del sexenio eruvielista, y en la medida en que los demás poderes se lo permitan.
