El ejercicio periodístico representa el reconocimiento a dos derechos humanos fundamentales que fortalecen la calidad de toda democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información. Una sociedad lastimada por el derramamiento de sangre, que implica en sólo cinco meses el asesinato de seis periodistas, abona a un lacerante silenciamiento que limita el goce de libertades y concede espacios ocupados por el crimen, la corrupción y la impunidad.
Aun cuando México ha transitado durante los últimos veinte años hacia medios cada vez más libres y democráticos, hoy enfrenta desafíos más apremiantes, en tanto que la censura no se concentra necesariamente en forma directa desde el ámbito de instituciones oficiales sobre la actividad periodística.
En la última década, México se ha convertido en uno de los países más riesgosos para los periodistas, en medio de una fracasada guerra contra el narcotráfico extendida por casi once años, donde grupos criminales -bajo la omisión y negligencia de instancias gubernamentales-, atentan en contra de la vida de quienes buscan la verdad e informan del acontecer cotidiano.
Desde el oficialismo recalcitrante, resulta inaceptable criminalizar a las víctimas del ejercicio periodístico, como si la actividad informativa fuera por sí misma la causante de crímenes que lastiman no sólo al gremio reporteril, en tanto que los asesinatos de periodistas implican una cicatriz irremediable para quienes tienen el legítimo derecho de informarse sobre su entorno y su proximidad.
La precaria democracia de la que somos herederos no puede presumir de grandes avances, en la medida que carezcamos de condiciones suficientes para contar con una sociedad altamente informada, con capacidades amplias de construir opinión pública, que conlleve en su conjunto a una consistente toma de decisiones sobre los aconteceres públicos e institucionales de su comunidad.
Para este martes, diversas organizaciones y asociaciones de periodistas; así como reporteros independientes, han anunciado movilizaciones para exigir a las autoridades garantizar el ejercicio de su labor cotidiana; aunado a requerir resultados inmediatos que abatan la impunidad prevaleciente.
Es menester que desde las autoridades gubernamentales se asuman compromisos realistas y políticas públicas medibles, que permitan en un corto y mediano plazo asimilar avances en el libre ejercicio de quienes practican el periodismo. Mientras que desde la sociedad civil es inobjetable dejar atrás la apatía, porque el asesinato de periodistas genera heridas indelebles en una población que requiere de medios de comunicación libres y democráticos.
La tarea periodística encaminada a descubrir lo que el poder -ya sea político, económico, social o delictivo- trata de encubrir, hoy más que nunca exige que el Estado Mexicano otorgue las garantías suficientes de protección, que posibilite medios de comunicación de gran solidez informativa y económica; periodistas de profunda responsabilidad y profesionalización; así como de audiencias deliberativas con acceso a una diversa oferta periodística.
En Plana Mayor nos sumamos al reclamo por consolidar un periodismo libre, lo cual es responsabilidad inequívoca de un Estado que obligado a garantizar seguridad y protección a favor de la sociedad en general, y de los periodistas en particular, para recuperar nuestras libertades y nuestros derechos con plenitud.
