El video difundido este fin de semana por Méxicoleaks en el que se evidencia a elementos ministeriales mexiquenses torturando a un detenido, pone de manifiesto una práctica común pero oculta y negada constantemente en el sistema de justicia penal que prevalece desde hace años en el Estado de México.
La procuración de justicia mexiquense regida por un esquema de corrupción, omisión y negligencia, pero que viola como un método cotidiano los derechos humanos de los delincuentes, como una estrategia para obtener declaraciones forzadas y facilitar la integración de sus investigaciones y toma de decisiones.
Por mayores esfuerzos que ha pretendido profesionalizar al personal de la Procuraduría General de Justicia, al interior de la institución permanecen acciones que vulneran la legalidad de sus determinaciones.
La tortura expuesta en el video que se viralizó en redes sociales, ha obligado a la autoridad ministerial a emprender una investigación como si fuese un caso aislado entre su personal, por encima de reconocer que es una práctica arraigada en sus tareas cotidianas y emprender lo necesario y lo suficiente para abatirla.
Más preocupante resulta, que a pesar de las evidencias videograbadas, hasta ahora la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México permanezca incólume, sin tener con prontitud una reacción a la violación de garantías individuales, en un exposición manifiesta de maltrato que exige de una recomendación rígida y severa que se refleje en una mejora institucional.
El monopolio del uso de la fuerza pública otorgada al Estado, es a la fecha un ejercicio de poder pernicioso, lo que se refleja en actos de poder que prevalecen como un abuso de autoridad injustificable y necesariamente reversible.
El Estado de México no puede pensar en un eficiente combate a la delincuencia común o al crimen organizado, mientras prevalezca una procuración de justicia deficiente, omisa, negligente y torturadora. El atacar las violaciones a la legalidad con acciones al margen o fuera de la ley simplemente es inaceptable.
La indagatoria emprendida a raíz del video difundido por Méxicoleaks debiera ser el hilo de la madeja para desentrañar las condiciones laborales, institucionales, jurídicas y administrativas en que se desempeña la Procuraduría General de Justicia para hacer frente a los desafíos del sistema penal.
Hoy la impunidad sigue arrastrando la principal premisa pendiente del sistema de justicia penal, cuya argumentación puede entenderse de la incapacidad o impericia que manifiestan los agentes ministeriales que someten a un detenido con violencia física para obtener sus primeras declaraciones.
Del tamaño del abuso de autoridad que se exhibe en el video, se debe dimensionar su falta de entendimiento para atender las necesidades básicas de una institución encargada de combatir la delincuencia pero con apego a los derechos humanos de todos los involucrados. En la medida en que ha sido incapaz de resolver sus problemas internos resulta improbable pensar en que tendrá facultades para atender sus desafíos externos.
