El colapso financiero por el que atraviesan diversas tesorerías municipales exhibido la semana pasada por el Órgano Superior de Fiscalización revela una gran irresponsabilidad política de los alcaldes salientes en el Estado de México, y advierten una gran dificultad para los futuros presidentes municipales que encontrarán finanzas profundamente comprometidas, derivado de los créditos adquiridos en el tiempo reciente.
Los gobiernos municipales han apostado por antonomasia a hacer del endeudamiento una fuente de financiamiento a sus responsabilidades administrativas, sin que ello necesariamente se refleje en un impulso a la infraestructura, al desarrollo humano y al beneficio social de los municipios.
Muy por el contrario, en repetidas ocasiones, los empréstitos adquiridos por los Ayuntamientos sirven como mecanismos de sostener una engrosada nómina y una andanada de altos sueldos para funcionarios que se han enriquecido al amparo de los presupuestos públicos, pagado a mediano plazo por las contribuciones tributarias de sus habitantes.
Desde el ámbito municipal se incentiva lo mínimo por acrecentar su capacidad recaudatoria y apostar al financiamiento público con recursos propios, bajo la confianza de que el reparto presupuestal con recursos federales lo soporta todo. La nula capacidad por recaudar más y mejor, se acompaña de un cálculo político por cautivar clientelas que siempre le son afines a la partidocracia dominante en el andamiaje electoral del Estado de México.
Por si fuera poco, existe documentación contable de que los municipios gastan mucho y lo gastan mal. En promedio los municipios gastan 1 de cada 2 pesos en su nómina de personal, y son administradores de una inercia presupuestal insuficiente para soportar los desafíos de la infraestructura y las políticas públicas necesarias.
Otra cauda de casos reprobables, exhiben a municipios que reportan el desarrollo de obra pública por duplicado, o el pago de obras no realizadas, en lo que prevalece es la omisión de las autoridades fiscalizadoras, en agravio de las arcas municipales.
Desde principios del actual sexenio encabezado por el gobernador Eruviel Ávila se prometió el fortalecimiento de los municipios, entre cuyos postulados se encontraba la hacienda municipal como un mecanismo que posibilitara el desarrollo de infraestructura, una circunstancia hasta ahora inalcanzable, y a lo cual se suma un presupuesto público decreciente bajo el argumento del adverso contexto internacional, y una deuda creciente con la banca privada por parte de las tesorerías municipales que están por entregar.
Los alcaldes salientes administraron una inercia de endeudamiento para capitalizar sus proyectos políticos, incapaces por construir haciendas municipales capaces de generar recursos propios suficientes para evitar los pasivos o la perniciosa codependencia con los presupuestos federales, y por tanto, estuvieron por debajo de sus expectativas para el cumplimiento de sus responsabilidades como autoridades municipales.
La curva de aprendizaje de alcaldes que sólo duran dos años en el cargo por buscar un nuevo cargo de elección resulta hasta ahora muy costoso no sólo en lo político sino particularmente en lo financiero. Las deudas municipales son un ejemplo irrefutable de que los municipios atraviesan por una severa crisis política y administrativa.
Va siendo el momento de que se ejerzan sanciones administrativas, políticas y legales para los alcaldes y tesoreros que incumplan con sus responsabilidades financieras comprometidas para el fin del año; mientras que de los alcaldes entrantes se debe exigir una mayor congruencia en su actuación política de fortalecer las haciendas municipales como condición de financiamiento al desarrollo municipal.
Los próximos alcaldes que deberán tomar protesta de sus cargos el próximo mes de enero enfrentan un desafío singular a través de la eventual reelección a partir de las elecciones de 2018, lo que supone una rendición de cuentas de amplia transparencia y de absoluta congruencia en el ejercicio del poder político y administrativo del municipio.
