El próximo 8 de septiembre, en el Estado de México arrancará un nuevo proceso electoral que implica la renovación de los 125 ayuntamientos y los 75 diputados locales, con un desafío inédito que incidirá en la reelección por primera ocasión en la historia reciente de la incipiente democracia mexicana. En suma, se trata de un reto sobre reglas que exigirán que los gobiernos municipales se abstengan de una injerencia en detrimento de la certeza de los comicios.
También, por vez primera se considerará la equidad de género de forma horizontal para la elección de presidentes municipales, en tanto que en los comicios pasados sólo fue aplicable de forma vertical. En lo práctico, deberán existir condiciones para que desde la vida interna de los partidos, existan las candidaturas competitivas en el ámbito municipal y legislativo para garantizar la paridad de género y cumplir con las nuevas características electorales.
Desde ahora, las principales resistencias se experimentan en la vida interna de los partidos, y se permea la idea de que no existen las condiciones reglamentarias para su implementación. Pero la reelección es una circunstancia inaplazable, en la que muchos alcaldes están diseñando su acción de gobierno y su posible aventura electoral que enfrentarán a partir de marzo próximo.
Con la puesta en marcha del proceso electoral, aquellos vacíos legales que no hayan sido reglamentados por los legisladores mexiquenses para evocar la reelección quedarán sujetos a la interpretación de los órganos jurisdiccionales.
Las reglas electorales pondrán de manifiesto además la integración de las alianzas electorales, de las planillas por los ayuntamientos y los aspectos de quienes busquen reelegirse, situación que alcanza a los alcaldes, los síndicos y los regidores que tendrán la posibilidad de apostar a una nueva elección.
En materia de paridad, cada coalición o partido político tiene por delante la necesidad de fijar como máximo 63 candidatos hombres a alcaldes, y el resto planillas encabezadas por mujeres. Esa circunstancia, al menos en el priísmo podría limitar los aspectos de reelección de todos sus presidentes municipales.
En medio de la reelección, un desafío que pone de manifiesto el riesgo de maquinar elecciones de Estado desde los gobiernos municipales, para influir a favor de aquellos alcaldes que pretendan reelegirse, los órganos y tribunales electorales deberán lidiar también con el desprestigio que les ha arrojado los comicios de gobernador, en la que acumularon una abultada desconfianza ciudadana, tras oficializar una cuestionada elección.
En adelante, el nuevo gobernador tendrá la necesidad de legitimar su acción de gobierno, a partir de permitir elecciones libres que otorguen certeza a todos los contendientes, sin que aquellos con deseos de reelegirse inclinen las reglas a su favor desde su cargo público, o desde el ejercicio del poder político.
Las definiciones están muy próximas, pues en menos de un mes arrancará el proceso electoral, pero la toma de decisiones en la vida interna correrá en los meses de febrero y marzo, desde donde se definirá los mecanismos de postulación de quienes podrán reelegirse. Mientras que en las campañas proselitistas, entre mayo y junio entrante, deberá privilegiarse procesos electorales con certeza para los partidos, los candidatos y los electores.
