El debate público de las últimas horas se ha concentrado sobre la marcha por la familia, que grupos conservadores encabezaron de la mano de la Iglesia católica, para manifestar su rechazo al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, como si el reconocimiento de derechos civiles fuera cuestión de mayorías.
Ausentes del debate, por una omisión y silencio conveniente, los legisladores mexiquenses prefieren abstenerse pese a su desacato para cumplir con la sentencia dictada hace más de un año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, a partir de un amparo promovido por una pareja de homosexuales mexiquenses.
Hace casi tres meses, cuando los diputados locales se alistaban para legalizar el matrimonio igualitario, vino la presión ideológica y social de la Iglesia católica para meter en la congeladora la iniciativa de ley que modificaría el código civil, que disponía el rompimiento de paradigmas históricos y representaba una legislación de avanzada en materia de derechos humanos.
Entrampadas en el proceso legislativo, las instituciones académicas que intervinieron con foros de debate sobre la conveniencia de reconocer las uniones de personas del mismo sexo, debieron guardar sus mejores argumentos para una ocasión en que los diputados no tengan que recular de sus decisiones en función de evitar los costos políticos de su labor principal: legislar.
La Iglesia católica impuso sus dogmas sobre los derechos civiles de personas del mismo sexo. Excluyó de la agenda legislativa las decisiones que se contraponen a su ideología. Hoy, grupos civiles mayoritarios han salido a tomar las calles y pretenden asumir la tribuna, para pronunciarse en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo; lo cierto es que la obligación de los legisladores mexiquenses es adecuar el código civil para favorecer a las minorías.
En junio pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto había prometido legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Iglesia católica emprendió una andanada en contra de los gobiernos priístas, que en cálculos electorales les habría costado la derrota en la gubernatura de Aguascalientes de amplio conservadurismo. El mismo escenario electoral estaría siendo evitado por los legisladores priístas ante el desafío de los comicios del año entrante.
De la oposición, tanto el PRD como Morena han mostrado interés porque las reformas al código civil puedan avanzar, sin embargo, por un lado sus votos resultan insuficientes para aprobar tales adecuaciones legales; ni han hecho lo necesario para hacer que las adecuaciones legales puedan avalarse, bajo la importancia de guardar una sana relación con los grupos conservadores.
Sin embargo, el reconocimiento de los derechos civiles de las personas heterosexuales no puede estar sujeto a tiempos electorales ni cálculos políticos, tampoco puede ser una cuestión sujeta a circunstancias ideológicas cuando de lo que se trata es de construir una legislación que construya igualdad entre las personas, sin importar su condición social, sexo, religión u orientación sexual.
