La crisis ambiental por la que atraviesa la contingencia atmosférica no es un asunto nuevo, sino un problema añejo que no se atendió con previsión para evitar el costo político, que hoy enfrentan profusamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, con medidas urgentes pero cortoplacistas.
Poco han apostado los gobiernos por generar un transporte público eficiente, accesible y de calidad. Por muchos años, la clase gobernante ha lucrado el transporte público como un mecanismo clientelar de movilización de votantes en cada elección que tienen por delante, pero han sido omisos para ofrecer un servicio de pasajeros que desincentive el uso del automóvil particular.
En lo inmediato, se han tomado acciones que buscan mitigar la contaminación atmosférica, pero sin antes haber solucionado la oferta de un transporte público obsoleto, caro, lento y deficiente. De ahí, resulta entendible y legítimos los reclamos sociales para exigir na respuesta ágil por parte de las autoridades locales, con una autoridad federal que parece ajena a un problema que también le atañe para alcanzar acciones y estrategias de mediano y largo plazo.
Lo ocurrido en la zona metropolitana del Valle de México es una alerta previsora frente al crecimiento desordenado de otras regiones urbanas como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca, en donde se ha repetido el modelo de movilidad diseñado en la Ciudad de México, mediante la construcción amplia de vialidades, segundos pisos y distribuidores viales a favor del crecimiento exponencial del parque vehicular, acompañado de un transporte público marcado por la corrupción, la ilegalidad y la irregularidad.
En el Valle de Toluca, las autoridades locales, incluido el gobernador y los alcaldes de la metrópoli, están a tiempo de tomar decisiones anticipadas que promuevan un transporte público eficiente, competitivo, moderno, ágil y accesible para los usuarios, en una región que ya padece los estragos de su industrialización y su crecimiento desordenado, reflejado en altos índices de contaminación que pronto podrían derivar en contingencias atmosféricas.
Mucho hablan los alcaldes de la coordinación metropolitana, pero nadie está dispuesto a asumir costos políticos, que desde ahora podrían prevenir y pensar en las futuras generaciones, y no sólo en las muy próximas elecciones.
De la oposición partidista, lo único que se espera también son propuestas, ideas y planteamientos de solución, pues hasta ahora algunas voces se han encaminado a criticar y denostar con fines de lucro electoral, sin un argumento sustancial que permitan encontrar respuestas al problema ambiental.
Es tiempo de que el gobierno imponga mano dura, pero no sólo a los ciudadanos que cumplen con el pago de su tenencia vehicular y la verificación de su automóvil, se requiere de mayor rigidez y disciplina hacia quienes ofrecen el servicio de pasajeros, a partir de una concesión otorgada por el gobierno, y que por esa simple razón debieran tener mayores responsabilidades y obligaciones.
El Valle de Toluca tiene dos opciones: acatar desde ahora acciones que desincentiven el uso del automóvil particular y apostar por un eficiente transporte pública, la otra alternativa es la omisión que conlleve a un escenario tendencial en el que dentro de algunos años se obligue a restricciones vehiculares como las que enfrenta el Valle de México por la contaminación ambiental que padecen.
