Un nuevo escándalo de corrupción ha puesto de manifiesto la connivencia entre el poder político y el económico, que ha dado lugar a inconmensurables negocios y abundantes ganancias entre la élite empresarial bajo el arropo de la élite política. La clase gobernante y industrial mexiquense ha sido identificada en los últimos años como la más corrupta, vinculada con conflictos de interés y un insultante enriquecimiento personal de explicaciones cuestionables.
La familia San Román, relacionada con negocios inmobiliarios en el paradisiaco Ixtapan de la Sal, ahora ha resultado beneficiada de una venta intermediaria a una de las constructoras consentidas del peñismo -la española OHL-, que por sólo haber triangulado una transacción financiera obtuvo ganancias por cerca de 240 millones de pesos. La operación de negocios se hizo con el conocimiento, y muy probablemente con el consentimiento y el impulso del gobierno del Estado de México, entonces encabezado por el hoy presidente, Enrique Peña Nieto.
El conflicto de interés tiene su punto de encuentro en otra develación periodística difundida en enero de 2015 difundida por The New York Times, pues a tres meses de haber asumido la gubernatura mexiquense, en diciembre de 2005, Enrique Peña reportó haberle comprado a los San Román una residencia de descanso con un valor superior a los 5 millones de pesos en el club de golf de Ixtapan de la Sal, donde tiene su residencia de descanso la élite política vigente.
La relación entre Peña Nieto y los San Román va por encima del trato entre un gobernante y un empresario. La vinculación entre ambos involucra aspectos de amistad. Roberto San Román Dunne fue padrino de Paulina Peña de primera comunión, según una fotografía publicada hace diez años por la revista Quién, donde aparece incluso la extinta Mónica Pretelini, primera esposa de Peña Nieto.
En 2014, Paulina Peña y Andrea San Román -hija de Ricardo San Román- vacacionaron durante el verano por varias ciudades de Europa, como lo atestiguan diversas fotografías en la torre de Pisa y otras sedes del viaje. Para dar cuenta de la cercanía de los San Román con la élite política, Ricardo San Román se casó con Eugenia Díaz Ordaz Castañón -nieta del expresidente, Gustavo Díaz Ordaz-. La clase gobernante y empresarial se fusionan para acercar sus intereses. Sus negocios y sus componendas se vuelven uno solo.
Lo que para el Grupo Atlacomulco se convirtió durante muchos años la normalización de sus negocios no significa que sean legales. El conflicto de interés y el tráfico de influencias para engrandecer las ganancias de empresas favorecidas al amparo del poder representa un lastre mayor: la corrupción.
Más lacerante resulta que el presidente Enrique Peña Nieto pretenda permear la idea de que la corrupción en un asunto cultural del que no hay mexicano que se libre de su existencia. En su calidad de presidente de México, su principal consigna sería hacer uso de la fortaleza de las instituciones del Estado no sólo para combatir la corrupción sino para castigarla, con hechos contundentes y no meros chivos expiatorios como los que ya se avecinan con los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
Mientras el combate a la corrupción sólo sea una mera simulación, la credibilidad y aprobación del gobierno peñista seguirán cavando su propia tumba a expensas de mayores escándalos de su trayectoria política, cuando era gobernador de Estado de México, o en su función actual, como presidente del país.
