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EDITORIAL

La cancelación del proyecto de infraestructura urbana, en Paseo Tollocan, que pone a salvo la eminente tala de aproximadamente 230 árboles no puede suponer una derrota del gobierno en su intento por imponer una decisión, porque ello implicaría politizar un movimiento social, genuino, independiente y apartado de toda ideología partidista.

Ante una organización singular, de ciudadanos que se sintieron agraviados y defendieron el entorno ambiental sin matices, conllevaron al gobierno del Estado de México y el grupo empresarial que impulsaba la construcción de dos pasos a desnivel, a recular en su proyecto y dar una salida que pone por delante al ciudadano y no meramente a los intereses particulares de la élite política o empresarial.

Lamentablemente, diversas fuerzas políticas aprovecharon la coyuntura social y el rechaxo ciudadano para oponerse a todo, pero con una sólida intención en este momento, endosarle una derrota a la administración eruvielista, en una sordida búsqueda porque se les reconozca una victoria a sus causas, siempre vinculadas al clientelismo electoral.

En suma, resulta reprobable que desde distintas trincheras políticas se hayan hecho incontables intentos por desgastar al gobierno mexiquense y afianzar un respaldo ciudadano en medio de un movimiento social que dio muestras de unidad, resistencia, congruencia, participación y solidaridad, para sumarse desinteresadamente en la defensa ambiental, ajeno a la mezquindad corporativa y política que caracteriza a la oposición partidista.

No es la primera ocasión en que el gobierno estatal debe dar marcha atrás a proyectos de infraestructura urbana, pero tampoco puede asumirse que cualquier rechazo social se convertirá en una causa suficiente para doblegar al poder público. En el sexenio del gobernador Enrique Peña Nieto, el gobierno debió recomponer un proyecto de ciudad administrativa para edificar oficinas gubernamentales en donde hoy se ubica el Parque Ambiental Bicentenario de Metepec, empujado por el interés social de defender el desarrollo sustentable de la región.

Al hartazgo social y rechazo popular a las decisiones gubernamentales, la experiencia más reciente convoca a construir gobiernos de un diálogo abierto, en el que la participación ciudadana no se limite a la cuestionada elección de sus gobernantes, hoy caracterizada por la movilización clientelar para preservar el poder a favor de la clase gobernante. Es momento de que las autoridades gubernamentales, sin importar el ámbito de su competencia, articulen mejores prácticas en su toma de decisiones para involucrar activamente a la sociedad, que en esencia se supondría los eligió y son a quien deberían tomar en cuenta de forma permanente para ejecutar sus acciones.

En tanto, los partidos políticos de oposición, cabe la reflexión para ocuparse de las causas sociales y no buscar la capitalización política por el simple hecho de ver derrotado un gobierno. Desde el marco institucional es posible y deseable que los partidos políticos se sumen a las causas sociales pero sin intereses ocultos que afecta una defensa ciudadana basada en el futuro de las próximas generaciones y no sólo de las próximas elecciones.

Sobre la determinación de los grupos empresariales para suspender la obra de infraestructura, es de reconocer la ágil y adecuada lectura política y social del momento coyuntural, pues no sólo se comprometió a cancelar la obra sino que además se puso del lado de la gente para anunciar que sembrará más arboles en su defensa ambiental. Se trata de capitalizar una decisión que se le había complicado tanto, que incluso amenazaba con boicotear las actividades mercantiles de la plaza comercial.

El proyecto cancelado ha dado varias lecciones, sobre todo a la clase gobernante y a la sociedad civil. A los primeros, para ser más abiertos en su toma de decisiones que involucre incesantemente la opinión, necesidades e inquietudes de sus habitantes; mientras que a la sociedad deja abierto el escenario para dejar el mero hartazgo y la apatía para convertirse en una población de amplia participación que pueda generar transformaciones en su entorno, no doblegando al gobierno, sino articulando acciones, programas, tareas e ideas de beneficio común.

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