Al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se determinó tener una celebración que simbolizará la administración del atlacomulquense. Entonces, se fijó el Centenario de la Constitución Mexicana como el centro de una serie de festejos, eventos, obras, programas y acciones para que el sexenio peñista trascendiera en el imaginario colectivo de los mexicanos.
La intención era superar lo realizado por la administración calderonista, que tuvo la suerte de encabezar los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Los asesores del peñismo encontraron en la Promulgación Constituyente un escenario para impulsar los logros de una gestión que se erigía en sus primeros dos años como un gobierno transformador.
A la distancia, el gobierno de Enrique Peña transita por su momento más aciago, con una rotunda desaprobación popular, y un escaso margen para promover el Centenario de una Constitución que ha sido lacerada, particularmente por las reformas estructurales promovidas por el peñismo que han vulnerado la nacionalización de los energéticos y la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.
El proyecto transformador del peñismo representa un modelo neoliberal que se opone al proyecto carrancista que dio origen a la Constitución Mexicana para erigir instituciones democráticas que posibilitaran la construcción de un país más igualitario, justo y libre a favor de la sociedad mexicana.
Aunque el proyecto reformista del peñismo se fijó metas de mediano y largo plazo, a cuatro años de distancia, las reformas estructurales han avanzado de forma titubeante. Las condiciones políticas, económicas y sociales descifran un panorama desolador, muchas veces justificado por el contexto internacional pero que ha lastimado la confianza de la sociedad en sus instituciones.
La Carta Magna que significó el corolario de la primera revolución social del siglo XX a favor de una sociedad más justa, igualitaria, libre y democrática, hoy enfrenta retos abrumadores marcados por la polarización económica, entre muy pocos que tienen mucho, y muchos que tienen muy poco.
El Estado Mexicano ha sido incapaz de garantizar amplitud e igualdad de oportunidades para que todos los sectores de la población tengan acceso a educación, alimentación, salud, empleo y recreación. Mientras que la tendencia del libre mercado, apunta a que cada vez las instituciones gubernamentales serán menos responsables de la protección social de sus habitantes.
El proyecto de nación plasmado en la Constitución Mexicana, que ha cumplido un centenario de su promulgación, no ha logrado ser garante del reconocimiento de derechos sociales con la prevalencia de marginación y discriminación por razones de su condición económica, sexo, raza, religión e ideología.
Bajo ese contexto, el gobierno peñista tiene muy poco o nada que celebrar, cuando no han existido tareas inmediatas o urgentes que reflejen una preocupación real por atender las disparidades sociales y económicas.
A la sociedad mexicana le sobran los motivos para hacer del Centenario de la Constitución Mexicana, una fecha simbólica para exigir que los preceptos de justicia, igualdad, libertad y democracia sean derechos efectivos entre todos los sectores de la población, y donde el gobierno sea garante de su vigencia.
