El escándalo financiero que ha acompañado a David Sánchez Guevara, alcalde con licencia de Naucalpan, refleja el gran desaseo administrativo que permea en diversas tesorerías municipales. Hasta ahora, las acusaciones por el delito de peculado alcanzan los casi 10 millones de pesos, y ponen de manifiesto la prolífica corrupción que impera en el ejercicio del dinero público por la displicencia de castigar conductas ilegales.
Hasta ahora, el encarcelamiento de Sánchez Guevara implica un asunto de excepción y que deja la sensación de asumir una venganza política de las altas esferas gubernamentales, ante la derrota electoral que significó Naucalpan, en donde perdieron figuras emblemáticas como el exlíder sindical, David Parra, y Enrique Jacob -hijo del titular del Instituto Nacional del Emprendedor, del mismo nombre-.
La actitud asumida por Sánchez Guevara deja en evidencia una interpretación autoritaria de lo que implica la autonomía municipal, y el despropósito de la autoridad para ejercer los recursos públicos para beneficiar intereses particulares, por encima de los interesas sociales que debieran imperar en su acción de gobierno.
El gasto público en obras jamás realizadas expone una acción sistemática de los gobiernos por el uso discrecional de los recursos financieros, pero además establece la prevalencia de insuficiencias u omisiones de las auditorías que pretenden identificar las irregularidades contables del estado y los municipios.
Hay además un halo de corrupción indubitable que sigue erigiéndose como una encomienda pendiente de combatir. Lo reflejado en la indagatoria abierta en contra de Sánchez Guevara expresa la connivencia entre empresas cercanas a la autoridad y el propio gobernante por favorecer prolíficos negocios, en amplios conflictos de interés, que hoy revelan un desvío de recursos públicos para un beneficio particular.
Lo que hoy acontece en el entorno político de David Sánchez parece más un escándalo político que una forma de evitar en el futuro conductas similares, o bien garantizar el resarcimiento del daño a las finanzas municipales, de un ayuntamiento altamente endeudado y hoy puesto en evidencia por lo desaseado de sus gestión como Naucalpan.
El hecho de que Sánchez Guevara se encuentre preso justifica en gran medida el descrédito social que alcanza la clase política del país, sumido en la desconfianza por una lacerante corrupción y una impunidad rampante entre quienes infringen la legalidad.
La gran encomienda por delante es garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, profundizar aún más en la transparencia de los gobiernos en sus procesos de licitación y del ejercicio financiero, así como extender las capacidades para castigar a quienes causen afectaciones irreversibles en la hacienda pública.
El combate a la corrupción debe dejar de ser una mera bandera política reluciente en campañas electorales para convertirse en una práctica común, en donde las instituciones oficiales, la oposición partidista y la vigilancia ciudadana, se erijan en auditores permanentes del ejercicio de los recursos públicos de forma eficiente y tangible.
La rendición de cuentas exige de las autoridades ofrecer amplitud en su información contable que cumpla con la normativa de transparencia y otorgue certeza de lo qué se gasta y cómo se gasta, pero sobre todo privilegiar los beneficios sociales sobre los intereses particulares, y asumir sus responsabilidades públicas, administrativas y penales por parte de quienes incumplan con las leyes.
