Asignatura pendiente
Israel Dávila
El 5 de septiembre se instalará la nueva Legislatura del estado de México. El PRI contará, de nueva cuenta, con el grupo parlamentario más numeroso con 39 diputaciones, es decir, que por sí solo tendrá la mayoría simple que se requiere para la aprobación de cualquier iniciativa, excepto las que impliquen modificaciones legales de índole constitucional, donde requiere el aval de las dos terceras partes del Congreso (50 diputados).
Para esta cifra mágica, el tricolor se quedó a sólo dos escaños, debido a que sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza le podrán aportar 9 votos más para llegar a 48.
Poco podrá hacer la oposición para minar el control del PRI dentro del Congreso. El PAN sólo obtuvo 11 diputaciones y el PRD 12, mientras que el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano alcanzaron dos escaños cada uno. En conjunto, los partidos opositores al PRI, tendrán el 36 por ciento de los espacios en la Cámara de Diputados, es decir, poco más de la tercera parte de la legislatura, lo que no les da mucho margen de acción.
El triunfo del PRI, pero sobre todo el control que mantendrá del Poder Legislativo mexiquense no sólo se cimentó en las urnas el pasado 1 de julio, al haber obtenido la victoria en la inmensa mayoría de los distritos, sino desde tiempo atrás cuando se opuso a que se modificara la conformación de los distritos electorales de la entidad.
La actual conformación de los distritos electorales favorece al PRI. Veinte de los 45 distritos electorales existentes, se ubican en zonas rurales o semirurales del estado, (donde el PRI ha mantenido su hegemonía) y 25 en zonas urbanas (donde se muestra una alta volatilidad del voto). Esta integración de los distritos responde a las condiciones sociodemográficas y políticas existentes hace 20 años, cuando la mitad de la población vivía en zonas urbanas y la mitad en zonas rurales.
Hoy este escenario ha cambiado radicalmente. La inmensa mayoría de los mexiquenses, casi el 75 por ciento, se asienta en zonas urbanas y sólo 25% en zonas rurales o semirurales, es decir, que en cuestión electoral se sigue dando el mismo peso al campo que a la ciudad, cuando en la realidad, este escenario ya no existe más en la entidad.
Para ser más gráficos sobre la disparidad que existe entre unos y otros distritos, basta ver el número de electores. Existen distritos del sur del estado con 55 mil y 60 mil electores, y otros en el valle de México con más de medio millón de ciudadanos empadronados.
Por ejemplo, Ignacio Pichardo Lechuga, candidato priista en el distrito 11, requirió de sólo 20 mil votos para ganar la elección y llegar al Congreso, pero su correligionario Narciso Hinojosa Molina requirió más de 130 mil sufragios para alcanzar el escaño, es decir, seis veces la votación de Pichardo para tener una curul en la legislatura.
Lo preocupante es que en la pasada elección más de una decena de candidatos perdedores en los municipios del valle de México, obtuvieron, por mucho, más de 20 mil votos, que requirió Pichardo Lechuga en un distrito rural del sur del estado para asegurar su curul en la próxima legislatura. ¿Esto es justicia?
No es la primera vez que ocurre. Pasa cada en cada proceso y es el reclamo constante de la oposición desde hace más de 15 años. Mientras no haya una modificación a la integración de los distritos, mientras no haya una redemarcación que dé equilibrio en la representatividad de los electores, estas deformaciones seguirán ocurriendo en nuestra incipiente democracia, y casi siempre beneficiando al tricolor. A ver si ahora el Instituto Electoral del Estado de México se atreve a dar el paso, porque esto sigue siendo una asignatura pendiente.
