Israel Dávila
Toluca, Edomex. 13 de diciembre de 2016.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas remitió a la Legislatura local, la terna de candidatos a presidir la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que sustituirá a la Procuraduría de Justicia mexiquense.
El Congreso del estado ha definido que sea el viernes cuando se apruebe la designación del nuevo fiscal, que tendrá una duración en el cargo por los próximo siete años.
Los candidatos propuestos por el gobernador Eruviel Ávila para encabezar la Fiscalía General de Justicia son: Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual procurador de justicia de la entidad; la magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal, del Segundo Tribunal en Materia Penal de Toluca del Poder Judicial mexiquense; y el magistrado Carlos Antonio Alpizar Salazar, de la Segunda Sala Regional de Naucalpan, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Alejandro Gómez Sánchez, es cercano al círculo del titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, y del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.
María de la Luz Quiroz Carbajal tiene una larga carrera en el Poder Judicial mexiquense, fue impulsora del nuevo sistema de justicia penal oral en la entidad, pero también estuvo involucrada en un expediente judicial en el que se liberó a unos homicidas de un joven en Metepec, ya que se usó como prueba un video del crimen que fue obtenido de manera ilegal, y fue descalificado por los integrantes de la sala penal.
En tanto, Carlos Antonio Alpizar Salazar, es licenciado en derecho por la Salle; desde 2014, es magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero en su currícula también figuran cargos públicos en el ISSSTE, la Procuraduría capitalina y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Los tres candidatos comparecerán este miércoles y jueves ante la Junta de Coordinación Política del Congreso local y ante los grupos parlamentarios, para que el viernes se apruebe el nombramiento.
El nuevo Fiscal General de Justicia tendrá la encomienda de transformar la instancia encargada del ministerio público, que ahora será un órgano autónomo, y ya no más dependiente del Poder Ejecutivo.
Los diputados locales han planteado la necesidad de que la Fiscalía depure toda la corporación y sólo queden en ella, funcionarios comprometidos con el servicio público, honestos y eficaces.
El personal administrativo y operativo de la Procuraduría estatal tendrá que someterse a evaluaciones para poder mantener su empleo en la Fiscalía y la gente de nuevo ingreso deberá aprobar los exámenes de oposición que se hagan para cada una de las áreas del nuevo órgano de justicia.
